El fardo cerrado del adelanto de elecciones, por Juan Paredes Castro

Con el compromiso de Pedro Olaechea de priorizar en el Congreso la propuesta de adelanto de elecciones y el de Martín Vizcarra de revertir los graves déficits de gestión gubernamental, el diálogo entre ambos parece más una apuesta por quién puede desactivar mejor sus propias bombas de tiempo.

El breve diálogo en Palacio de Gobierno no ha transmitido más que estos compromisos en seco, sin detalles, al punto que podemos tomarlos con la provisionalidad que merecen: tanto pueden durar largo tiempo como evaporarse en un par de días.

La bomba que tiene que desactivar Olaechea, constitucionalizando toda la carga de inconstitucionalidad que trae la propuesta de adelanto de elecciones, es de tanto calibre como la que tiene entre manos Vizcarra en el terreno de la incompetencia estatal y la insubordinación de los gobiernos regionales a los que prefiere usar como tenazas de presión contra el Congreso antes que exigirles resultados concretos en sus gestiones presupuestales.

Los cientos de muertes de bebes prematuros por falta de incubadoras en distintos hospitales del país son apenas una muestra espantosa del estado crítico que atraviesan vitales servicios públicos del país.
¿Cómo hará el Congreso para instrumentalizar, legal y constitucionalmente, un adelanto de elecciones que implica el recorte de los mandatos presidencial y legislativo, teniendo al costado una latente presión de “cuestión de confianza” del Ejecutivo que precisamente no aplica sobre reformas constitucionales y que debió ser desactivada en el diálogo de Palacio de Gobierno?

El compromiso de Olaechea de hacer expedito el camino constitucional hacia un adelanto de elecciones tendría que haber estado acompañado del compromiso de Vizcarra de respetar al Congreso como órgano constituyente para los fines de una reforma constitucional y de alejar la mal afilada espada de Damocles de su disolución.

Si bien no hay un compromiso explícito en estos términos, se sobrentendería que por lo menos fueron tratados en la conversación entre Vizcarra y Olaechea y que fueron parte subyacente del ánimo conciliatorio de ambos, en función de los compromisos asumidos, que en el caso del adelanto de elecciones significa, metafóricamente, tragarse no un sapo, sino un enorme lagarto.

De abrirse una grieta peligrosa en nuestro ordenamiento político y jurídico constitucional, mañana o más tarde podríamos no solo lamentar, sino no poder revertir extensiones de mandatos presidenciales y parlamentarios indefinidos de claro corte autocrático.

Una cosa importante y decisiva a saber es si el adelanto de elecciones, como acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, se materializará bajo el estricto respeto de la Constitución. Lo otro es si el Ejecutivo respetará, incondicionalmente, lo que el Congreso determine al respecto, bajo su natural prerrogativa de ocuparse, sin injerencia ni presión alguna, de las reformas constitucionales.

Esto es lo que tendría que quedar absolutamente zanjado como producto del diálogo, a sabiendas, por supuesto, de que ya de por sí el adelanto de elecciones encierra un evidente riesgo para la estabilidad política, jurídica y constitucional del país.

Por lo visto, Olaechea, metido como está en el compromiso de atender el adelanto de elecciones, tiene una bomba de tiempo que al primer desatino inconstitucional de uno y otro lado, puede explotarle en la cara. A Vizcarra puede darle lo mismo ocuparse o no de los graves déficits de gestión gubernamental, pues ha sabido orientar su aprobación confrontando con el Congreso antes que exhibiendo resultados en ministerios vinculados a servicios como educación, salud, seguridad y transporte.

Olaechea es quien lleva más que perder en este juego con el fardo cerrado de adelanto de elecciones en sus manos.