Como será de mamarrachento, totalitario y antidemocrático el último proyecto de ley de Waldemar Cerrón, que hasta el Ministerio de Justicia lo ha criticado. Normalmente, el Ejecutivo suele hacerse de la vista gorda con las iniciativas del Legislativo, incluso con aquellas que son nocivas para el sistema de justicia y la lucha contra la delincuencia. Pero ante lo peligroso que resulta este texto, que plantea la creación de una comisión del Congreso para la fiscalización de jueces y fiscales, al Gobierno no le quedó otra opción que pronunciarse. En sintonía con las posiciones del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, el ministerio ha señalado que la iniciativa afecta el principio de separación de poderes, un principio que la bancada digitada desde la clandestinidad por el hermano prófugo de Waldemar parece ignorar.
Todas las semanas (y a veces hasta diariamente) aparece en el portal del Congreso un esperpento legislativo cerronista dirigido a vulnerar la autonomía judicial y afectar la persecución del delito. Es cierto que la labor de algunos representantes del sistema de justicia ha sido objeto de muchas críticas en los últimos meses, sobre todo la de aquellos que parecen actuar más como operadores políticos que como representantes de la ley. Pero ya existen organismos de control interno y externo encargados de sancionar a los malos magistrados. Que hagan bien o mal su trabajo ya es otro tema, pero eso no se soluciona creando tenebrosas comisiones de reminiscencias chavistas.
Waldemar Cerrón es un dinámico impulsor de proyectos de ley cuestionados que siempre está en el centro de la noticia. Un docente de profesión con alma de abogado penalista. Debería presentar una iniciativa para crear la figura penal de delito de legislación en beneficio propio, que sancione explícitamente a aquellos malos congresistas que utilizan sus prerrogativas para salvarse de las investigaciones que tienen en la fiscalía. Y otra para aumentar las penas a quienes permanezcan varios meses prófugos de la justicia.