Alejandra Costa

Uno de los primeros tragos amargos que ha tenido que pasar el , , es decidir qué hacer –por el momento– con . La solución estaba un poco cantada, pero por poco sorpresiva que sea no deja de ser indignante que al final, pese al discurso de austeridad de Arista, se haya cedido en parte al chantaje de Petro-Perú y se sigan poniendo en riesgo recursos públicos para echar más dinero a la hoguera encendida que es la petrolera estatal.

Como había adelantado su antecesor, Alex Contreras, el MEF ha optado por otorgarle garantías a Petro-Perú y no por hacer nuevos aportes de capital. Este es un mejor escenario que haber aceptado el pedido de ayuda por más de US$3.000 millones que hizo el ahora expresidente del directorio de Petro-Perú, Pedro Chira, pero igual compromete un total de US$1.300 millones en esas garantías.

Mirando el vaso medio lleno, al menos se ha cambiado por completo el directorio por un grupo de profesionales que, en su mayoría, nos podrían dar cierta esperanza de que el manejo durante el resto de este año –hasta que un nuevo directorio asuma en el 2025– estará muy enfocado en la mejora de los indicadores financieros de Petro-Perú, una misión que es más fácil de decir que de hacer.

Un gesto más simbólico que efectivo es que se le haya exigido a la petrolera poner sus bienes muebles e inmuebles como contragarantía. Esto permitiría al Tesoro Público recuperar parte del dinero si tienen que ejecutarse estas garantías, pero el valor de los bienes de Petro-Perú ni por asomo se acerca a los US$1.300 millones.

El problema de fondo es que se está tratando de apagar el fuego con más fuego. Petro-Perú tiene un problema de liquidez, sí, pero su problema principal es que sus deudas superan cuatro veces su patrimonio. Con estas garantías, lo que se permite es que Petro-Perú siga accediendo a financiamiento; es decir, se busca solucionar un problema de deuda con más deuda.

Y, en ese sentido, preocupa que el ministro haya señalado que “en estos momentos el gran problema de Petro-Perú no es una solvencia patrimonial, sino que atraviesa un enorme problema de liquidez”, pese a que, si se tratara de una empresa privada, estaría claramente quebrada.

Con este paquete de rescate, solo seguimos pateando hacia el futuro la inevitable debacle de la petrolera, ineludible porque no se está resolviendo su principal debilidad: que está sujeta a las voluntades de los gobiernos de turno.

Lo hemos visto en el pésimo manejo del gobierno de Pedro Castillo, que se la entregó con gusto a Perú Libre, y lo que deberíamos estar tratando de hacer, más allá de soluciones temporales, es blindar a la petrolera de estos riesgos a través de la participación del capital privado, y no dejar dudas sobre el altísimo costo que enfrentamos los contribuyentes por mantenerla.

Esto es necesario especialmente de cara a las elecciones del 2026, cuando seguramente volveremos a escuchar discursos que apuesten a nuestra amnesia e insistan en la necesidad de “nacionalizar” los recursos naturales.

Alejandra Costa es curadora de Economía del Comité de Lectura