Según la Contraloría General de la República, a fines de setiembre vencerán más de un millón de vacunas contra el COVID-19, y a fines de octubre, más de tres millones. Ello, cuando casi dos millones de peruanos no tienen la segunda dosis, la tercera le falta al 30% y la cuarta a casi el 80%. Además, la gente se sigue muriendo por el COVID-19: casi 400 la última semana. Siendo así la inexistencia de liderazgo en promover la vacunación, uno que sí hubo con Óscar Ugarte y Hernando Cevallos, no es solo un despilfarro del dinero que no le sobra a Salud, sino un crimen en el país donde más muertos per cápita ha habido por este virus. ¿Alguien se acuerda del nombre del ministro de Salud?
En una caricatura publicada en El Comercio, Andrés Edery hace decir al liberado Antauro Humala: “cada policía me salió a 4 años con 5 meses”. Necesario recordatorio de que, en su asonada en Andahuaylas, cuatro policías fueron asesinados a sangre fría. “Hemos matado a cuatro perros del Estado”, declaró entonces. El resocializado recientemente afirmó: “Nos sentimos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas”.
Se dice que Aníbal Torres se irá pronto. Y ya sin los ‘ad honorem’ Belmont y Salaverry esperando turno, cada vez es menos posible que alguien de fuera acepte el cargo. La pelea se reduce a los dispuestos a todo. Así, Alejandro Salas, Félix Chero, Betssy Chávez y Roberto Sánchez compiten por méritos para demostrarle a Castillo que son el/la “leal ciento por ciento”. Cuídate de ellos, le diría César Vallejo (sí, sí, se llama César, presidente, Claudio Vallejo fue un destacado músico ecuatoriano).
“La urea llegará a fines de agosto, y no ha variado el plazo, siempre dijimos que llegaría en la quincena de setiembre, así que ratificamos que será a fines de dicho mes, o a más tardar en octubre y de ningún modo más allá de noviembre”, anuncia en las ‘Carlíncaturas’ de Carlos Tovar en “La República” un ministro de cuyo nombre tampoco tengo el recuerdo, pero sí que llegó para acelerar las compras de urea y para que no sigan las licitaciones tramposas de su antecesor.
Castillo ha dicho con toda propiedad que “quieren engrilletar a mi esposa”. Se dio cuenta de que la más sencilla “esposar a mi esposa” lindaba con la cacofonía. Asombrosa memoria e inusual versatilidad con el lenguaje de quien cree que Basadre se llamaba José y de quien rebautizó a la mejor atleta de nuestra historia como “Clímber”. En cambio, otras palabras de la jerga policial/penal le deben fluir sin problemas: “vigilancia y seguimiento”, “colaboración eficaz”, “prisión preventiva”, “penas acumulables” y “36 meses sin salir del país”.
Como que se está haciendo demasiado larga la extradición de Alejandro Toledo y la captura del ya extraditado, pero aún prófugo en las Europas, el ‘cuello blanco’ César Hinostroza. Confiemos en que, cuando pase el invierno, estarán ya por acá. Es verdad que cuando empiecen sus juicios demorarán otra eternidad, como sucede con los de Humala y Fujimori, pero estos últimos ya no son pasivos de más prisiones preventivas, las que sí tendrán que purgar los primeros.
La ya famosa amenaza al Congreso de Aníbal Torres: “Si cada uno, con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a una determinada clase”. De eso han pasado 15 días y no hay una sola manifestación en esa línea en todo el país. Ni una. Es que es fácil traer ayayeros y prefectos con todos los gastos pagados para conocer Palacio y salir en los medios. Otra muy distinta es convocar masivamente a la gente a ejercer la fuerza para defender a un gobernante como Castillo, si es necesario, “con la propia vida”, como también dijo Torres entonces. Es que, en el elegante y tranquilo Salón de los Espejos, el eco convierte a 100 personas cómodamente sentadas en una rugiente multitud.
En las calles vacías a favor o en contra de nuestra alicaída clase política, lo que sí está funcionando son nuestras instituciones, que no se arredran ante el poder y las nada veladas amenazas. Hablo, por supuesto y en primer lugar, del Ministerio Público, pero también del Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la contraloría. Parece que se suman ahora los gobiernos regionales. La sociedad empieza a despertar, informada por medios de comunicación que no se acobardaron ante la agresión constante. La Conferencia Episcopal ha hecho un pronunciamiento muy importante para una transición política. Los llamados colectivos de la sociedad civil se juntan y empiezan a manifestarse. Los empresarios han dicho su palabra con energía y unidos como pocas veces. A ellos se suma un sector de los sindicatos. Faltan, eso sí, que se pronuncien –y su silencio hiere– las universidades, tanto sus autoridades como sus alumnos. Los municipios, los colegios profesionales, las iglesias evangélicas y de otras denominaciones. ¿O a ellos la profunda crisis nacional no les concierne?