Solo la policía no salvará al Perú

“Con terrucos no se dialoga”, me replican quienes se oponen a que haga hincapié en que el enfoque dialogante se privilegie sobre el represivo. En realidad, ante una crisis social como la nuestra, ambos enfoques son indispensables y complementarios, pero el Gobierno subraya el represivo. Por eso estamos en una democracia en peligro (“híbrida”, según tipología de “The Economist”), sin fecha de caducidad (miserable Congreso que no fija el adelanto) y con un Gobierno que se percibe a sí mismo como dependiente de las fuerzas del orden (FF.OO.) a las que no quiere tocar ni con las recomendaciones de una comisión de independientes que investigue las muertes.

Las FF.OO. son la suma de la PNP y las Fuerzas Armadas, pero se impone un distingo clave en esta coyuntura. Las FF.AA. tratan por todos los medios de ceñirse a su rol de colaboradoras de la PNP en la tarea de mantener el orden interno. No son deliberantes, pero digamos que han deliberado internamente que eso es lo que les cabe y conviene. Por eso, tras involucrarse en por lo menos seis muertes en Huamanga, se han cuidado de no meterse en el manejo directo de los disturbios, salvo para tomar el control de la seguridad en la región Puno.

Es la PNP la que está soportando el combate frontal a la protesta violenta y, en algunos casos, también combate la protesta no violenta, que en su amplio margen de discrecionalidad se inscribe en figuras delictivas. Fue en la PNP y no en las FF.AA. donde nació la iniciativa para detener a Pedro Castillo y frustrar su asilo en México. Ese hecho marca, desde su nacimiento, el fuerte componente político policial del gobierno de Dina Boluarte y de su primer ministro y exministro de Defensa, Alberto Otárola.

La protesta ha decrecido en algunas regiones y se mantiene en otras, pero, de hecho, es más manejable que en enero. Si el Gobierno no aprovecha el momento para jugar todas sus cartas de gestión pública eficaz y de diálogo, está perdido. La lógica de “la protesta decrece; por lo tanto, me quedo hasta mi techo máximo del 2026″ es más represiva que democrática, pues privilegia el mantenimiento del orden por sobre la legitimidad. Ante esa precariedad, la mejor salida sigue siendo el adelanto de elecciones que el Ejecutivo ha dejado de exigirle al Legislativo.

Pensar que estaremos bien si cesa la protesta por su propia fatiga o por la represión y el poder disuasivo de la PNP es reducirnos a la parte más fea de la hibridez. El Gobierno, para legitimarse, tiene que asumir su carácter de transición, presionar al Congreso y desplegar todo el talento de su tecnocracia elegida sin el cuoteo de la corrupción. Tiene que oír a los actores que sí están dispuestos a dialogar y no llevarse solo por informes de inteligencia. Más diálogo que palo y bala. No hay otra salida.