El virus autoritario, otra vez, por Juan José Garrido Koechlin

Como bien plantean John McMillan y Pablo Zoido en “Cómo sabotear a la democracia: Montesinos en Perú”, en los noventa contábamos con casi todas las herramientas necesarias para garantizar el avance de nuestra (aunque precaria) democracia: una Constitución y un sistema de partidos, elecciones libres y generales, límites al mandato presidencial, independencia de poderes y una prensa libre. No obstante, Alberto Fujimori y su principal asesor Vladimiro Montesinos lograron petardear el sistema desde el poder y sin que la mayoría –lo dicen las encuestas– se diera cuenta.

¿Cómo lograron semejante faena? En simple, a través de sobornos y extorsiones. Fujimori y Montesinos supieron identificar, en el sistema de pesos y contrapesos institucionales, quiénes valían y cuánto, a qué le tenían miedo y por qué, cuáles eran sus puntos débiles y dónde ejercer la mayor presión, y así. En el estudio, utilizando las preferencias reveladas por la criminal actividad de la pareja en cuestión, queda claro que el principal contrapeso en una democracia joven como la nuestra es la prensa: un juez costaba hasta US$6.000, un congresista o juez de la suprema hasta US$50.000, pero comprar la conciencia de un broadcaster mediático significaba hasta US$9’000.000. La prensa fue pues, de lejos, el mayor riesgo identificado por Fujimori y Montesinos en su búsqueda por perpetrarse en el poder.

El virus autoritario puede, por supuesto, ir aún más lejos. La dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez en los setenta simplemente la confiscó; quedaron los mastines de la revolución a cargo de lo que, en adelante, serían los medios expropiados, y con ellos la libertad de prensa, información y opinión. Hay pues un abanico de opciones para la mente autoritaria, aunque todas sufran de la misma predilección: limitar la información que recibe la ciudadanía, confinando así la libertad de acción de los ciudadanos.

Hoy, el congresista Mauricio Mulder y la bancada fujimorista pretenden una vez más limitar el acceso a la información. La ley, revestida de fines nobles, como la prudencia fiscal o la lucha contra la arbitrariedad, a fin de cuenta logra el sueño de toda mente autoritaria, limitando así el acceso a la información que debiera recibir la ciudadanía.

Pudieron, por supuesto, reglamentar la ley vigente, establecer límites, obligar al Estado a destinar los fondos bajo parámetros medibles (restringiendo así la discrecionalidad que tanto señalan), entre otras medidas. Alternativas a la absurda ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados existen, y muchas. Lo cierto es que no hubo ni debate, ni interés en buscar soluciones adecuadas, sino lo que parece un claro ánimo de venganza.

Hoy, a pocos días de la puesta en marcha de la ley, son las poblaciones más alejadas, aquellas más necesitadas, las que pierden vital información de distinto tipo y, con ello, calidad de vida; son también los medios pequeños y locales, aquellos que mantienen la mayor proximidad a los ciudadanos, los que enfrentarán los mayores problemas financieros, incluso la quiebra.

El virus autoritario continúa presente en nuestra frágil cultura democrática. El embate del dueto fujimorista-aprista probablemente morirá en el ámbito constitucional, pero desde ya estamos advertidos: quien no entiende la necesidad de una prensa libre y fuerte no puede ser contemplado como un repositorio de confianza y transparencia.