Diana Seminario

La muerte de Andrea Vidal, de 28 años, acribillada mientras se encontraba en un taxi, destapó uno de los peores escándalos que se hayan visto en el Parlamento: una presunta red de prostitución que operaba al interior del Congreso y tendría como cabecilla a Jorge Torres Saravia, quien hasta el viernes 13 de diciembre era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso.

Fue el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, quien hizo pública la desvinculación de Torres Saravia, que llegó a este puesto por su estrecha relación con el partido Alianza para el Progreso (APP). Se apunta que el secretario general de APP, Luis Valdez, y el expresidente del Legislativo Alejandro Soto serían allegados a Torres Saravia.

Un reportaje periodístico de “Beto a saber” mostró la semana pasada la declaración de una extrabajadora del Congreso que acusa a Torres Saravia de contratar a mujeres sin experiencia en el Parlamento, con la finalidad de que, con la fachada del contrato, ejercieran trabajos de prostitución. Torres Saravia sería el proxeneta.

Es en esta oscura trama de sexo y poder que aparece la figura de la ahora fallecida Andrea Vidal, quien trabajó con Torres Saravia hasta hace tres meses. La hipótesis apunta a que era Vidal quien reclutaba a las trabajadoras.

La sospecha de la autoría del atentado contra Andrea Vidal recae en Torres Saravia, pues ella dejó su puesto en el Parlamento tras una discusión con él, por lo que se especula que el ataque a balazos contra ella tuvo la finalidad de silenciarla, pero, lejos de eso, abrió la puerta a un escándalo sin precedentes.

Las reacciones no se han hecho esperar, por lo que el titular de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, adelantó: “Como presidente de la Comisión de Fiscalización, investigaremos a fondo la presunta red de prostitución en el Congreso, promovida por el exfuncionario Torres Saravia. Habría tenido protección de la Mesa Directiva y sus aliados políticos”. El exfuncionario ya fue citado a ese grupo de trabajo.

Entre tanto, la Fiscalía Especializada en Trata de Personas abrió una investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia por el delito de explotación sexual en agravio de mujeres no identificadas.

El ahora exfuncionario del Parlamento niega todas las hipótesis. “Estoy preocupado, consternado por todas esas acusaciones. También me han acusado de violador y asesinato. Niego rotundamente todos los cargos. Todo lo que me imputan es falso”, dijo Torres Saravia, quien mostró a Benji Espinoza como su abogado defensor.

En medio de esta terrible situación, el partido APP tiene mucho que explicar no solo por la contratación de Torres Saravia, quien fue el autor del informe que salvó a Alejandro Soto de una acusación en la Comisión de Ética, sino que también debería determinar hasta qué punto conocía las actividades ilícitas de Torres Saravia.

Mirando en retrospectiva y con la información actual, ¿será casualidad que el excongresista Freddy Díaz, condenado por violación en las instalaciones del Congreso, también era de APP?


*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Diana Seminario es periodista

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