En las últimas semanas, parece estarse gestando cierto consenso a favor de retomar una discusión postergada en el último tiempo: la de la reforma política. Los congresistas Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga han propuesto un conjunto de reformas constitucionales que tienen como asunto central mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, y evitar una lógica de confrontación. En otra orilla, la congresista Adriana Tudela ha presentado también un conjunto de propuestas para reducir el mandato parlamentario a dos años y medio y permitir la reelección, crear distritos electorales uninominales y establecer el voto voluntario. Pero hay más propuestas en circulación con diferentes niveles de precisión.
En general, ya sea que se piense que el presidente Pedro Castillo debe hacer algún tipo de giro para relanzar su gobierno, renunciar, celebrar elecciones generales en el 2026 o antes, parece claro que no deberíamos ir a las próximas elecciones generales con las mismas reglas que rigieron en el 2021. No queremos ver la misma obra con otro elenco mediocre. Queremos un nuevo libreto y mejores actores.
¿Qué puede plantearse que sea al mismo tiempo sustantivo (no cosmético) y realista, considerando que cualquier reforma pasa necesariamente por el Congreso? A mi juicio, el punto de partida es un acuerdo político para no desandar el camino recorrido. Entre el 2019 y el 2021 avanzamos en algunas reformas, modificando las maneras en las que los partidos políticos y movimientos regionales deben inscribirse y los requisitos a través de los que pueden mantener su registro electoral; mecanismos de democracia interna para elegir sus autoridades y candidaturas, junto a la eliminación del voto preferencial; mecanismos que buscan la equidad de género; mayores controles en el financiamiento de la actividad política, principalmente. El problema es que no solo no se ha seguido avanzando con la implementación de estas y otras reformas, sino que se está retrocediendo en muchas de ellas. Se proponen y aprueban excepciones que flexibilizan los requisitos de inscripción y adecuación a la ley, se busca rebajar las sanciones por el incumplimiento de las normas, se reducen los requisitos establecidos para acreditar un mínimo de representatividad y evitar la pérdida del registro de las organizaciones políticas, se postergan indefinidamente las elecciones primarias para seleccionar democráticamente a los candidatos con diferentes excusas.
El segundo paso sería mejorar la gobernabilidad del sistema político y minimizar la lógica de confrontación que hemos vivido desde el 2016. Para esto, el camino sería eliminar la declaratoria de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y abrir la puerta a la figura de un juicio político para los casos de delitos o violaciones a la Constitución flagrantes, precisar los alcances de la potestad presidencial para disolver el Parlamento y establecer con claridad que, si bien el presidente no puede ser acusado durante su mandato, sí puede y debe ser investigado.
Un tercer bloque de reformas podría girar en torno de la bicameralidad, un tema muy complejo que obliga a que todas estas reformas deban ser parte de una propuesta integral. Ella debería implicar el restablecimiento del Senado, pero sin aumentar el presupuesto del Congreso; funciones diferenciadas entre las dos cámaras; un Senado elegido de manera mixta, con circunscripciones regionales y con un distrito único nacional; una Cámara de Diputados con distritos electorales más pequeños, con un calendario electoral que permita su renovación cada dos años y medio; que coincida con las elecciones regionales y municipales, para lo que los mandatos de esas autoridades deberían extenderse a cinco años (lo que requiere también mejorar los mecanismos de fiscalización en los ámbitos subnacionales). También, permitir la reelección con algún límite y que los candidatos presidenciales puedan candidatear simultáneamente al Senado.
Por supuesto, nada de esto garantiza que las cosas vayan a mejorar de la noche a la mañana. Todo dependerá de que las reformas se afiancen con el tiempo y, sobre todo, de que los actores se tomen en serio las reglas y no busquen torcerlas en beneficio propio.
*El autor integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.