Urpi Torrado

Comerciantes y vecinos de diversas regiones del se unieron al paro nacional del pasado 23 de octubre para manifestarse contra la creciente y las extorsiones que enfrentan diariamente. Según la última encuesta de Datum y El Comercio, el 74% de los peruanos considera que la inseguridad ha aumentado en el último año, el 84% se siente muy inseguro en las calles y el 50% ha sido víctima de un delito, ya sea directamente o a través de su familia nuclear. Frente a esta coyuntura, se levantan algunas voces evocando el modelo de El Salvador e incluso algunos candidatos se autoproclaman como el peruano.

Es inevitable preguntarse si es posible replicar el modelo de Bukele en el contexto peruano. Vale la pena recordar que Ecuador ha intentado implementar medidas similares y no ha logrado los resultados esperados. La criminalidad en ambos países era muy distinta. Mientras que las maras (el término ‘mara’ procede de ‘marabunta’, que se refiere de forma coloquial a un conjunto de personas o amigos) en El Salvador operan como pandillas urbanas, controlan territorios y se financian a través de la extorsión, Ecuador se ha convertido en un territorio de tránsito de droga y ‘hub’ de distribución, lo que ha aumentado exponencialmente la violencia. El problema es el mismo: inseguridad ciudadana, pero con características tan distintas que requieren de enfoques y medidas específicas para cada realidad.

En el Perú, copiar la política de Bukele podría resultar en una imitación superficial y potencialmente peligrosa. Implementar una estrategia de “mano dura” sin un análisis profundo del contexto y la naturaleza del problema podría agravar la situación y generar costos sociales y políticos altos. No se trata de restar mérito a la gestión salvadoreña, sino de entender que la efectividad de cualquier política pública depende de su adecuación a las particularidades del entorno en el que se aplica.

El Plan de Control Territorial de Bukele implica, entre otras cosas, la suspensión de garantías personales y la militarización de la seguridad interna. Aunque en El Salvador la población ha apoyado estas medidas debido a la desesperación por los niveles de violencia, es incierto si un enfoque similar tendría la misma aceptación en el Perú. Los peruanos también demandan mano dura, pero el entendimiento de esta “mano dura” se basa en leyes más estrictas, un sistema judicial funcional y una policía capacitada y dotada de tecnología adecuada. No necesariamente en la militarización o en la limitación de derechos fundamentales.

El riesgo de intentar replicar este modelo sin una consideración adecuada de sus implicancias es crear una “imitación barata” que no solo no resuelva el problema de fondo, sino que además erosione las instituciones y los derechos ciudadanos. La clave para combatir la inseguridad en el Perú está en construir una estrategia propia, fundamentada en un diagnóstico detallado de las características del crimen y de la inseguridad en el país. El aumento de la extorsión en sectores como el comercio y el transporte, así como la expansión de actividades delictivas organizadas, requiere un enfoque integral que combine aspectos preventivos y represivos.

La lucha contra la corrupción en estas instituciones debe ser prioritaria, ya que sin confianza en el sistema cualquier medida perderá legitimidad y efectividad. En lugar de apostar por un enfoque puramente represivo, es necesario incluir estrategias de prevención del delito y reinserción social. La recuperación de espacios públicos, la creación de programas para jóvenes en riesgo y el desarrollo de oportunidades económicas para sectores vulnerables son medidas complementarias que pueden ayudar a reducir los incentivos para la criminalidad.

La solución al problema de la inseguridad en el Perú no se encuentra en imitar modelos foráneos sin un análisis profundo, sino en desarrollar una receta propia que responda a las necesidades y particularidades del país. La inseguridad es un reto complejo que requiere liderazgo, visión y un enfoque integral para ser abordado de manera efectiva.




*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.


Urpi Torrado es CEO de Datum Internacional

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