Este año empezaría a ejecutarse un conjunto de reformas constitucionales que puede cambiar en algo el panorama político.

En primer lugar, está la , que retornaría luego de 30 años, cuando la unicameralidad fue incorporada en la Constitución vigente sin ningún criterio técnico-jurídico, sino con la intención de controlar el Congreso. Ello, porque Alberto Fujimori necesitaba una cámara única a su servicio, salvo casos de denuncias hechas por congresistas de la oposición que se les escapaban de las manos al entonces presidente y a su asesor Vladimiro Montesinos, como la que realizó Henry Pease del feroz y vesánico crimen de La Cantuta por parte de un grupo de paramilitares al servicio de ambos.

Los 93 votos de noviembre pasado auguran que en esta segunda legislatura la bicameralidad será aprobada. El Congreso tiene facultad para hacer reformas, lo que no está en discusión, pese a que la mayoría de los ciudadanos rechazó esta propuesta en el referéndum del 2018. Al respecto, se produjo una serie de situaciones, incluida la intervención de Martín Vizcarra cuando era presidente, que se manifestó en contra, lo que influyó para aumentar aún más la visión negativa que tenía la ciudadanía respecto de retornar a un Congreso con dos cámaras. También regresaría la reelección indefinida de congresistas y de autoridades regionales y locales. Si bien es cierto que ha quedado demostrado que los porcentajes de parlamentarios reelectos son bajos, cabe recordar que esta propuesta fue igualmente rechazada por la mayoría de la población durante el referéndum antes mencionado.

¿Esto quiere decir que la mayoría de los congresistas no sintoniza con lo que ha decidido la mayoría de la población? Los hechos demuestran que sí. Más aún, como se sabe, los congresistas actuales tienen un rechazo aún mayor que los legisladores que se encontraban en funciones durante el referéndum.

Hay un distanciamiento entre representante y representado. Desde mi punto de vista, un Congreso bicameral es mejor que uno unicameral porque permite el control intraorgánico entre las cámaras. Esto es un avance. Sin embargo, para que haya conexión entre los congresistas y la población, debería adicionarse a esta reforma la renovación por tercios o por mitades, sea de una o de las dos cámaras, y que la rendición de cuentas de los congresistas y de otras autoridades elegidas sea obligatoria.

Otro aporte importante es el proyecto de reforma constitucional que impide postular a los sentenciados por delitos graves como terrorismo, corrupción u homicidio, independientemente de la pena (efectiva o suspendida) y del tipo de rol (autor, cómplice o instigador), tal y como informó El Comercio el 2 de enero.

Dicho impedimento se extendería hasta los diez años después de haberse restablecido la rehabilitación. Quizás esta última parte es discutible, pero sin duda la norma tiene la virtud de frenar a delincuentes que se cobijan en la política para evadir la justicia. La presencia de delincuentes en política no solo causa un daño a la democracia, sino a la política como práctica en sí misma. Sobre todo porque la mayoría de las personas se alejan de ella al asociarla con la corrupción; dos cosas totalmente distintas. El auténtico político es aquel cuyo fin es servir al ciudadano y el fin del corrupto en política es seguir delinquiendo desde diversos cargos públicos.

Como país, nos va a costar mucho salir de la corrupción, sea la del sector público o la del privado. El esfuerzo va a tener que ser titánico, pero abrigo la esperanza de que la moral, la honestidad y la transparencia algún día se impongan.

Francisco Miró Quesada Rada es Exdirector de El Comercio

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