Reformas para las próximas elecciones, por F.Ortiz de Zevallos

A inicios de setiembre y por consenso entre sus asociados, Transparencia aprobó un conjunto de 32 reformas políticas que la institución aspira a promover para intentar una mejora en la institucionalidad democrática de nuestro país. Durante los meses siguientes, gracias al apoyo de un conjunto de juristas, va a procederse a la elaboración de los instrumentos normativos específicos que permitirían implementar tales propuestas. 

Para que rijan en las próximas elecciones generales, estas reformas requerirían ser aprobadas antes de la fecha de la convocatoria, lo que sucedería a inicios de noviembre. Del total, Transparencia considera que hay 3 que merecerían prioridad. Ellas son: el cambio en la fecha de la elección de congresistas para que coincida con la segunda vuelta de la elección presidencial, la elevación de la valla mínima para el caso de alianzas electorales entre partidos, y facultar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales  (ONPE) a efectuar estimados de lo gastado en una campaña, con el fin de lograr que, al menos, la fuente de los  ingresos que la financiaron quede bien documentada.  

En las últimas elecciones generales del 2011, hubo 10 candidatos a la presidencia y más de 1.500 candidatos al Congreso. El año entrante, estos números podrían ser mayores. Son 21 los partidos nacionales inscritos. Las listas al Congreso se inscriben un mes después de las planchas presidenciales, con poco tiempo para que la opinión pública pueda revisar con cuidado la trayectoria de tantos candidatos. Por otro lado, como consecuencia de la aguda anomia ciudadana, un 20% de los peruanos decide por quién votar recién el mismo día de la votación y otro porcentaje similar lo hace durante la última semana. Todos elegiríamos mejor si las elecciones del próximo abril se concentraran en la elección presidencial y que las elecciones congresales coincidieran con la segunda vuelta presidencial. Ello permitiría que, en primera vuelta, la atención comparativa se centre más en los programas y las calificaciones de los candidatos presidenciales, sin tener que soportar al mismo tiempo la parafernalia de 1.500 campañas de candidatos al Parlamento. En refuerzo de ello, el voto por congresistas en segunda vuelta resultaría uno más consciente porque se tendría, para entonces, una mayor claridad sobre el escenario electoral presidencial. Una reciente encuesta de Ipsos Perú para El Comercio revela que el 68% de la población está de acuerdo con este posible cambio. 

¿Cuál es el país con mejor institucionalidad democrática? Si se sigue el Índice democrático de “The Economist”, Noruega resultaría la democracia más completa. ¿Cuántos partidos participan en el  parlamento noruego? Pues son ocho, todos ellos basados más en ideas que en personas: Laborista, Conservador, Progresista, Democristiano, Centro, Liberal, Socialista de Izquierda y Verde. ¿Por qué no podríamos apuntar a lograr tener 8 partidos más programáticos, en lugar de 21 con un sesgo personalista? La valla mínima de votación para el mantenimiento de la inscripción ayuda a ello. Para aquellos partidos que se presentan solos a las elecciones, ella resulta una adecuada. No así para el caso de las alianzas entre diversos partidos. La agrupación entre ellos muchas veces se realiza no porque hayan plasmado acuerdos mínimos en sus agendas y programas de gobierno, sino sólo por el interés inmediatista de no perder la inscripción. En las actuales circunstancias, sería conveniente que los partidos que no cuenten con suficiente respaldo popular sean descalificados como tales. 

Por último, el costo de una campaña electoral en cifras gruesas no resulta uno muy difícil de estimar. En paralelo, los cuadros administrativos en los partidos suelen ser insuficientes para efectuar los registros y los informes contables detallados de las campañas. A veces, hay partidos que no presentan oportunamente sus cuentas, no porque no quieran, sino porque carecen del equipo contable y administrativo para hacerlas. Esta es la situación de varios. Averiguar sobre la fuente de los ingresos de una campaña resulta más relevante que el detalle pormenorizado de los costos. Tal vez la legislación debería adecuarse para facultar a la ONPE a estimar, en base a criterios estándar y homogéneos, el costo mínimo de cada campaña y exigir de los candidatos y partidos la relación de los ingresos que permitieron sufragarla, en vez de supervisar un sistema más tradicional de contabilidad que probablemente subvalúe lo ingresado y pagado. Obviamente, la presunción legal de veracidad de estos estimados debería admitir la prueba si el partido acredita fehacientemente un costo menor. Y la norma también requiere incluir un sistema sancionador a los partidos y candidatos que no cumplan con esta obligación. 

Elecciones congresales en segunda vuelta, vallas electorales adecuadas para las alianzas de partidos y transparencia en la relación de los ingresos de campaña harían de las elecciones del 2016 unas mejores que las del 2011.