Antes de la ley de las ocho horas, la jornada laboral habitual era de sol a sol. (Ilustración: Jhafet Pianchachi)
Antes de la ley de las ocho horas, la jornada laboral habitual era de sol a sol. (Ilustración: Jhafet Pianchachi)
Carlos Contreras Carranza

Historiador y profesor de la PUCP

El 15 de enero de 1919, el gobierno de José Pardo emitió un decreto en el que fijó en ocho horas la duración de la en el país. La medida se dictó en el marco de una huelga de impulsada por la recién creada Federación Obrera Local de Lima. Esta se había iniciado en el mes de diciembre en la industria textil y de panificación, extendiéndose a otras ciudades y sectores, como los de las curtiembres, la industria gráfica y el transporte urbano, al punto que, para el 13 de enero, la paralización en Lima era absoluta. La organización de los trabajadores fue impulsada por dirigentes obreros como Nicolás Gutarra, Delfín Lévano, Arturo Sabroso y Carlos del Barzo, y jóvenes intelectuales movidos por las ideas del socialismo europeo, como Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui y César Falcón.

La medida dictada por el que sería el último gobierno civilista de nuestra historia extendió para todos una concesión que antes había sido dada para los trabajadores del puerto del Callao (en 1913) y para las mujeres y los niños (en 1918). La segunda década del siglo XX pareció caracterizarse por las conquistas laborales, puesto que en 1911 se había dictado una ley de accidentes de trabajo que responsabilizaba a los empresarios por los accidentes que los trabajadores sufrieran durante su jornada, que de ordinario es mencionada como la primera en América Latina.

Antes de la ley de las ocho horas, la jornada laboral habitual era de sol a sol, aunque dejando siempre una pausa para las comidas y descansos (a veces, incluso, para un rápido oficio religioso), que resultaban en una jornada efectiva de nueve a diez horas. La medida trajo así una mejora para los trabajadores, puesto que la hora, o hasta dos, que ahora ganaban podía ser dedicada a su descanso o educación.

Hasta hace poco, dichas leyes fueron enfocadas por los estudiosos como conquistas de la clase obrera obtenidas en virtud de su organización y de su lucha. Más recientemente, investigaciones como las de David Parker y Paulo Drinot tienden a apreciarlas como iniciativas gubernamentales y de las élites para imprimir un barniz modernizador a la nación y enrumbarla hacia una economía industrial. Para lo primero, era necesario dotarla de una legislación social “avanzada”, en sintonía con el escenario europeo, y para lo segundo era importante incluir a los trabajadores urbanos en el soporte social que daba legitimidad al Estado y al orden económico.

Con dichas leyes y otras que legalizaron la huelga como un instrumento de lucha –aunque condicionándola al cumplimiento de ciertas reglas–, el Estado quiso erigirse como un árbitro en las relaciones entre empresarios y trabajadores, abandonando la idea de que ellos deberían ponerse de acuerdo solos; guiados, en todo caso, por los valores sociales del cristianismo. Abogados y políticos como Luis Miró Quesada, José Matías Manzanilla y Alberto Ulloa, que alcanzaron a ser legisladores o ministros en las primeras décadas del siglo, se convencieron de que la aparición del nuevo actor social (el trabajador industrial moderno) requería de un cambio de enfoque del Estado. Drinot ha argumentado en un libro reciente (“La seducción de la clase obrera”) que la élite peruana se entusiasmó con la idea de que el trabajador moderno redimiría al campesino indígena. Bajo la consigna de “indios no, obreros sí”, los gobiernos de la primera mitad del siglo pasado, tan distintos en su ideología, como los de Pardo, Leguía, Sánchez Cerro y Benavides, propiciaron la metamorfosis de campesinos indios analfabetos en obreros mestizos ilustrados, en el marco de una economía que, abandonando su sello feudal, trocaría en una moderna e industrial.

La economía del capitalismo, con su tajante división en clases propietarias y de trabajadores, había quebrado como a una copa de cristal el mundo anterior, en el que patrones y sirvientes convivían en una suerte de comunidad, en la que la salud, la educación y la jubilación se resolvían dentro de ella de acuerdo a una moral señorial y paternalista. En la urbe industrial y moderna los trabajadores ya no vivían dentro de la unidad productiva, y su salud, educación y retiro dejaban de ser asuntos de los patrones, o, por lo menos, era lo que estos esperaban. Nació la idea del Estado protector, que debía compensar la pérdida del cobijo a los trabajadores y, en un mundo que crecía demográficamente debilitando su posición negociadora, cuidar que los capitalistas no abusasen de su posición de ventaja. Hubo sectores de la clase empresarial que resistieron esta intervención del Estado, proclamando que su tarea debía limitarse al cuidado del orden público y la construcción de la infraestructura necesaria para la producción y el comercio.

Volviendo al asunto del horario, hoy el tiempo dedicado al transporte se ha comido la ganancia de 1919, de modo que si medimos la jornada laboral como las horas que median entre la salida y el regreso al hogar, resultamos como el cangrejo. Lo que nos hace ver que, en materia de derechos sociales, no todo tiempo pasado fue peor.