Siniestra asociación público-privada, por Gino Costa

Los golpes al crimen organizado constituyeron los hechos más positivos del 2014. Según Ipsos Perú, después del veredicto de La Haya, el segundo evento más destacado fue el destape de la corrupción en las regiones. El tercero fue la realización de la COP 20, seguido de las capturas de César Álvarez, Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez.

Estos logros fueron opacados por la mayor preocupación que generaron el aumento del sicariato y el crimen organizado, y los escándalos de corrupción en las regiones, que constituyeron las dos peores noticias. Para la opinión pública nacional, también fueron malas noticias los avances de la minería ilegal y la sospechosa vinculación de Palacio de Gobierno con López Meneses y Belaunde Lossio, así como la impunidad asociada a ellos.

Con pocas excepciones, asuntos de seguridad concitaron la mayor atención ciudadana. ¿Por qué en este ámbito las noticias negativas pesaron más que las positivas? Algunas explicaciones.  

Primero, por la dimensión de los problemas criminales, que no dejan de aparecer todas las semanas –gracias a la prensa independiente y no a la justicia penal–, y por la percepción de que debe haber mucho más de lo que conocemos.

Segundo, porque las medidas adoptadas por el gobierno para desarticular el crimen organizado y para revertir el deterioro de la seguridad han sido claramente insuficientes.

Según Ipsos, el 60% de los ciudadanos considera que la inseguridad está empeorando, percepción ratificada por el incremento de la victimización delictiva, que –según el Barómetro de las Américas– ascendió del 28,1% en el 2012 al 30,5% este año, ubicándonos otra vez como el país con más delitos a nivel continental. A esto se suma el incremento de los homicidios en los últimos tres años y la rápida expansión de las extorsiones y del sicariato.

Tercero, la constatación de que las organizaciones criminales descubiertas tienen años y que su desarrollo no hubiera sido posible sin la complicidad de las instituciones que deben perseguirlas, lo que configura un cuadro de siniestra asociación público-privada. La fiscalía es una pieza clave de ese engranaje, pues de ella depende que un crimen llegue o no al Poder Judicial para su juzgamiento y sanción.

Por eso, ha hecho bien Pro Ética en retirarse de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que tiene entre sus miembros a Carlos Ramos, fiscal de la Nación, por considerar inaceptable que este siga al frente de su institución. Se acaba de dar a conocer que ahora tiene cuatro procesos disciplinarios en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por sus posibles vínculos con Álvarez, Belaunde Lossio y Orellana. Además, sigue siendo investigado por la Comisión Guevara en el Congreso de la República.

Si Ramos no da un paso al costado –como lo ha sugerido este Diario–, debería ser suspendido preventivamente por el CNM. Es injustificable que siga conduciendo la fiscalía quien está procesado disciplinariamente por inconductas funcionales que habrían favorecido a organizaciones criminales. El gato de despensero.