Todo parece indicar que la economía tocó fondo en junio cuando nos sorprendió con un magro crecimiento de 0,3% y completó un igualmente decepcionante primer semestre al crecer solo 3,3%. Julio seguramente mostrará una cifra mejor, pero difícilmente alcanzará un crecimiento superior de 2,5%. En agosto se esperan mejores niveles de producción porque comenzarán a verse los aumentos en los volúmenes exportados de minerales. Sin embargo, el número que se publique para ese mes, seguirá siendo pobre porque saldrá de la comparación con agosto del año pasado, que fue un mes de alto crecimiento. Es posible, por tanto, que el tercer trimestre del año sea uno en que el crecimiento sea igualmente bajo. En cambio, todo indica que el cuarto trimestre será bastante mejor, pero no lo suficiente como para alcanzar la meta de 4% que plantea el Gobierno.
Este año el crecimiento económico sufrió la caída en las exportaciones de minerales. Pero el factor que fue determinante fue el estancamiento en la inversión privada (en el primer semestre cayó 1,5%). El rol de la inversión privada es vital en el Perú porque tiene un peso equivalente al 22% del PBI y este año, al haberse frenado en seco, tendrá una contribución nula al crecimiento. Creo que un componente que frenó la inversión este año está ligado al pobre soporte que el Gobierno dio a las expectativas empresariales y a su tardía reacción ante el predecible deterioro de las cifras de crecimiento. De hecho, recibir los malos anuncios del dato de un crecimiento que se deteriora mes a mes ha pesado mucho en el sentimiento empresarial y también en la actitud negativa de los consumidores.
Pero existen, igualmente, razones para ver con optimismo el desempeño económico peruano para los siguientes años. Un repunte en las exportaciones mineras entre hoy y el 2016 darán un impulso a la confianza de productores y consumidores en todos los sectores. Igualmente, la puesta en marcha de importantes proyectos de infraestructura traerá necesariamente un repunte en la inversión privada. El hecho de que la inversión privada y pública equivalgan a cerca del 30% del PBI garantiza que crezcamos a tasas de al menos 5,5% si el Estado invierte diligentemente la parte (20%) que le toca ejecutar de ese total.
Pero podemos aspirar aun a crecer bastante más en los años venideros si el Gobierno aprovecha sus dos últimos años de gestión en realizar al menos tres reformas fundamentales.
La primera reforma, sin duda la más importante, tiene que ver con la legislación laboral, que debería plantearse como objetivo generar un grado de flexibilidad laboral similar al existente en los países de nuestros socios en la Alianza del Pacífico. El elemento clave en tal reforma es la eliminación de la estabilidad laboral absoluta hoy existente. El Perú ocupa el puesto 129 entre 148 países evaluados por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en cuanto a flexibilidad para contratar o despedir trabajadores. Además, se debe establecer un régimen especial para la inserción laboral de jóvenes de 16 a 29 años que hoy, en abrumadora mayoría, trabajan en la informalidad sin derechos laborales. Así, los jóvenes irían gradualmente encontrando, tras el paso por diversas empresas y actividades, un trabajo acorde con sus aptitudes y aquellas que además pueda adquirir en un centro laboral formal que les garantice un nivel razonable de protección.
La segunda reforma es la regulatoria. Se debe lanzar un programa en los tres niveles de gobierno que termine con la maraña de trámites que hoy traba de manera absurda la inversión, particularmente aquella de medianas y pequeñas empresas.
Finalmente, se debe abordar la aplicación estricta de la legislación existente sobre regionalización para recertificar, tal como lo manda la ley, a las instancias de gobierno subnacional respecto de su capacidad para desempeñar aquellas competencias que le fueron transferidas. Pero, al mismo tiempo, es preciso establecer un espacio de cooperación con el Gobierno Nacional para que puedan en efecto realizar sus funciones eficazmente. Del mismo modo, deben reconsiderase los requisitos para la formación de “movimientos regionales” que en muchos casos se crean, con facilidad pasmosa, para apoderarse del poder y los recursos de un departamento.