Un operativo político exitoso

El informe preliminar del Grupo de Alto Nivel de la OEA no llega al extremo de declarar que en el Perú la fiscalía, el Congreso y la prensa se hallan embarcados en una “nueva modalidad de golpe de Estado”, que fue el argumento con el que el Gobierno convenció al Consejo Permanente de la OEA de designar este grupo de intervención, pero sí comunica el mensaje de que las instituciones actúan no en cumplimiento de su deber de investigar y fiscalizar, sino dominadas por un espíritu de aguda confrontación que impide la gobernabilidad y la ejecución de las políticas.

Es decir, lo que tenemos aquí no son denuncias de corrupción –palabra inexistente– que incluyen al presidente, a su entorno y a varios de sus ministros y funcionarios, ni pésimos nombramientos que destruyen la institucionalidad estatal, sino una “polarización” entre poderes del Estado. El informe no ve en las actuaciones de la fiscalía, el Congreso y la prensa, el cumplimiento del papel que les corresponde, sino una “guerra civil entre instituciones públicas”, según versión de uno de los entrevistados.

Las causas de tal enfrentamiento político no tendrían que ver con la necesidad de investigar y denunciar actos impropios o delictivos, sino con una “desconfianza recíproca”, inexplicada; o con racismo y discriminación. Es decir, con rasgos culturales o sociológicos. Lo que tendríamos acá, se desprende, es una cultura de la desconfianza y la confrontación sustentada en el racismo a la que hay que domeñar propiciando un diálogo constructivo. No hay en el informe corrupción ni grave deterioro de la tecnocracia, sino polarización originada en factores culturales.

El informe recoge variadas acusaciones mutuas de modo que la responsabilidad se diluye entre todos. Déjense de pelear y siéntense a dialogar, es el resumen. Es como si, luego de un robo, recogemos la versión del ladrón y la del policía para concluir que hay una confrontación entre ambos y lo que tienen que hacer es sentarse a dialogar. Lo primero que debió recomendar la misión es que el presidente Castillo responda y aclare las imputaciones de corrupción que la fiscalía le hace, que es lo que corresponde en una democracia. Por el contrario, el informe recoge las versiones de que varios medios de prensa no son veraces, y hasta son desestabilizadores. Desconociendo el papel de la prensa en un sistema democrático.

El diálogo recomendado sería bienvenido si sirviera para que el presidente Castillo acepte nombrar un gabinete serio y empoderado capaz de empezar a recomponer el daño efectuado y crear las condiciones para la reactivación económica. Pero nombró nada menos que a Betssy Chávez. O si sirviera para sentarse a negociar la salida del Gobierno y el adelanto de elecciones, como en el 2001. Castillo tendría que dar la señal.

Para que el llamado al diálogo tuviera eco, el informe debió enfocar mejor las causas de la crisis, en lugar de trasuntar un discurso similar al del Gobierno: aquí hay una oposición racista que no deja gobernar y quiere sacar al presidente solo porque es un hombre del pueblo. El punto 4 se titula: “Uso excesivo de herramientas de control político”, como si no supiéramos que de los cerca de 80 ministros cesados solo cinco fueron censurados. Mas bien el Congreso está en déficit en ese tema (y en otros), y es una de las razones de su alta desaprobación. Pero la razón principal es esta narrativa convalidada ahora por la OEA.

El informe incluso recoge la versión de que hay una “crisis social” agravada por la renuencia del Congreso a aprobar leyes para atenderla. Cuando todos sabemos cuáles son las causas de la absoluta inoperancia de la gestión pública.

Más que un informe, es un operativo político exitoso del Gobierno.