Una ciudadanía capaz de consensuar

Si bien vamos a tener elecciones recién en el 2026, deberíamos pensar en este 2025 como una ventana de oportunidad para incidir constructivamente en el debate preelectoral con propuestas de política pública previamente consensuadas.

Esto puede parecer ingenuo, habida cuenta del grado de emocionalidad creciente que caracteriza nuestra política y que la aleja del debate técnico y basado en evidencia. La experiencia de países como Chile, donde los partidos políticos tienen centros de pensamiento (‘think tanks’) asociados que articulan propuestas y enriquecen el debate programático, se ve muy lejana.

Pero lo peor que podría hacer la sociedad civil aquí es resignarse a tener, una vez más, una campaña carente de ideas, enfocada más bien en el intercambio de agravios y de promesas vacías.

Es de esperar que toda elección evidencie grados de discrepancia sobre qué conviene hacer en torno de una determinada problemática nacional o sectorial. Mi impresión, sin embargo, es que el tipo de debate maniqueo y excesivamente tribal que se ha apoderado de las redes sociales nos genera la percepción falsa de que esa divergencia es mucho más pronunciada de lo que realmente es y, por lo tanto, que resulta insalvable.

Hay muchos ámbitos de gran trascendencia para el ciudadano promedio en los que creo que subestimamos nuestra capacidad de ponernos de acuerdo en una agenda básica o fallamos en generar espacios genuinamente plurales y horizontales donde podamos llevar dicho diálogo de forma efectiva.

Al Perú no le faltan especialistas. Hay gente excepcional en múltiples ámbitos que puede no estar en el mismo espacio del espectro ideológico, pero que entiende que el fin último no es la victoria del argumento propio a cualquier costo, sino la solución real y sostenible del problema.

Pero no se trata solo de identificar a esos especialistas y asegurar que sean representativos de las distintas posiciones en debate. El desafío más grande, donde más necesitamos de un ejercicio de innovación ciudadana, está en estructurar procesos formales y recurrentes de diálogo en los que se puedan ventilar esas diferencias programáticas bajo una lógica constructiva y con un foco claro en alcanzar consensos.

Dicho sea de paso, esto es algo que normalmente deberían hacer los políticos. Su rol como representantes no debería ser defender cerradamente posiciones maximalistas, sino entender que son agentes para la articulación de consensos, y que esto solo se puede lograr si renuncian al purismo y se abren a las soluciones construidas entre quienes no piensan igual.

Pero incluso si logramos que este sea el paradigma de los políticos, ello no libera a la sociedad de crear sus propios espacios, metodologías y herramientas para contribuir a la formación de consensos, siguiendo ejemplos como el diálogo entre sectores empresarial y sindical en el rubro de la construcción.

En buena hora si logramos que más organizaciones se sumen a este propósito. Desde Comité, estamos iniciando en breve un diálogo entre especialistas diversos que busca desarrollar propuestas de consenso para que la educación básica entregue los resultados que se esperan de ella. ¿Qué resultados son esos? Como moderador del espacio, no me corresponde decirlo, sino dejar que la respuesta surja precisamente del acuerdo entre los participantes, así como las propuestas concretas para hacerlo realidad.

¿Cuántos otros diálogos sobre temas de política pública podríamos impulsar? Tantos como sean necesarios. Esta no es solo responsabilidad de los políticos. En materia de formación de consensos, la ciudadanía organizada tiene que predicar con el ejemplo.