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El último domingo, la periodista Doris Aguirre informó en “La República” que el fiscal provincial penal de Huancayo investiga al jefe de la 31a Brigada de Infantería del EP ubicada en la Base de Huachocolpa en Huancavelica, general Marino Ambía, y a 25 oficiales de las FF.AA. por una violación de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo.
En su informe, Aguirre sostiene que “no era verdad” que en el caserío de Uchuy Sihuis las fuerzas militares hubieran asestado un duro golpe contra los senderistas en mayo pasado, que lo que hubo fue abuso, yerro y negligencia.
Lo que afirma Doris Aguirre es cierto; la labor investigativa de la fiscalía de Huancayo ha determinado que a la una de la madrugada del 23 de mayo, una patrulla de las Fuerzas Armadas ingresó a Uchuy Sihuis, rompiendo, a patadas, las puertas de las casas y disparándole a todo lo que se movía. Que como resultado de esa incursión brutal murió Olinda García, quien, embarazada de siete meses, dormía tranquilamente en su casa; y que tras los disparos quedaron heridas dos personas más.
Una de ellas, Yersi Huamantinga, solo pudo ser atendida en el hospital de Huancayo cuatro horas después porque, según ha constatado el fiscal, los militares no permitieron que nadie se moviera del lugar hasta las 5 de la mañana.
¿Qué pasó? ¿Quién ordenó esta operación? Pero, peor ¿Quién fue de la idea de inventar un enfrentamiento provocado por los pobladores para justificar el error y la muerte de una persona inocente?
El fiscal ha establecido que después de los disparos se detuvo en la cantina del pueblo a cinco jóvenes que estaban bebiendo, y que se levantaron actas policiales en las que se los incriminó, falsamente.
En su defensa, los militares sostienen que abrieron fuego cuando un soldado recibió un balazo que rebotó gracias a su chaleco antibalas. Imposible. En el Vraem los terroristas y los narcotraficantes no usan pistolas, usan fusiles, y los chalecos antibalas no resisten el impacto de un fusil.
Después de todo lo aprendido ¿Por qué no se admitió el error y se determinó las responsabilidades? ¿A quién se quiso proteger fraguando un ataque para justificar la incursión?
¿Qué buscaba la patrulla que entró tan nerviosa a Uchuy Sihuis? La versión de los militares es que los servicios de inteligencia habían reportado que a ese pueblo llegaría una columna senderista comandada por el terrorista ‘Raúl’, Jorge Quispe Palomino, el número dos de SL en el Vraem. Si el objetivo era sorprenderlo y detenerlo, ¿por qué no se diseñó una emboscada? ¿Por qué se actuó desesperadamente con la vieja y fracasada táctica de arrasar pueblos?
Ahora, un error táctico se ha convertido en un crimen; y la negligencia, que inicialmente comprometía a los oficiales a cargo de la operación, alcanza a toda la línea de comando. El responsable político es el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, pero el responsable operativo es su viceministro, Iván Vega Loncharich; quien además funge de jefe de la Brigada Especial Antiterrorista, y es quien maneja y monitorea toda la información que entrega el arma de Inteligencia.
