“¿Y después?”, por Jaime de Althaus

Con Pedro Castillo llegaron al poder no solo ese marxismo leninismo castrista de museo que encarna Vladimir Cerrón, que transforma gobiernos regionales y locales en aparatos de extorsión para obtener fondos ilegales para financiar campañas, y el neo senderismo del Movadef encarnado en el Fenate, sino, en general, esa burguesía provinciana informal, en algunos casos originada en actividades ilegales, que emergió con fuerza en los últimos 30 años como consecuencia del acelerado crecimiento económico y del tipo de descentralización que tuvimos, que les transfirió cerca del 70% de la obra pública –que antes era ejecutada solo por el gobierno central– a las municipalidades y regiones, que se convirtieron entonces en un apetitoso botín presupuestal para políticos, constructores y proveedores locales.

Por eso, va a ser muy difícil que Pedro Castillo rompa con los compromisos que le ayudaron a llegar al poder. Él tiene que retribuir los aportes que recibió en campaña, algunos de origen oscuro, con puestos y contratos. De lo contrario, corre el riesgo de filtraciones o delaciones. Es el arma que tiene Cerrón, que ahora puede colocar a sus secuaces en Salud y en Energía y Minas, ministerios que usará para promover candidatos en las elecciones regionales y municipales. Pero el principal encargado de la devolución de favores ha sido el inamovible ministro de Transportes, Juan Silva, pieza clave en este esquema de reciprocidad cómplice. También, acaso, el ministro de Vivienda. Y ahora Ricardo Soberón en Devida, que ha ofrecido todo lo que los dirigentes cocaleros del Fepavrae, que sin duda colaboraron con la campaña, demandan. Y así sucesivamente.

Por eso, la posibilidad de que Castillo rompa su alianza estratégica con Cerrón y con los sectores que lo apoyaron y migre hacia un Gabinete profesional, serio y más cercano al centro es casi imposible. Está atrapado. El problema es que, por la misma razón, el proceso de captura, asalto y destrucción del Estado no se detendrá, lo que probablemente hará cada vez mas perentoria la necesidad de ponerle fin a este Gobierno.

Pero entonces, surge la angustiante pregunta: en la eventualidad de un adelanto de elecciones, ¿no se repetirá en alguna medida el mismo esquema? Al fin y al cabo, Castillo está llevando a nivel nacional lo que viene ocurriendo en los gobiernos regionales y locales. Ese capitalismo informal y predatorio se ha incorporado a algunos partidos políticos, que han dejado de ser programáticos para convertirse en vehículos de intereses informales o hasta mafiosos para llegar al Congreso a legalizar sus actividades.

Parte importante de esa nueva burguesía informal prosperó capturando o “asaltando” gobiernos subnacionales. Y pudieron hacerlo porque los ingentes ingresos de los gobiernos regionales y locales no son localmente recaudados, sino que vienen transferidos desde el gobierno central, como maná que cae desde el cielo. No hay ciudadanos fiscalizadores del uso de los impuestos que pagan. Y entonces, las autoridades se convierten en reyezuelos clientelistas que no le rinden cuentas a nadie.

Pero, además, esa pujante burguesía de provincias es informal porque la formalidad se ha vuelto muy cara y excluyente. Las leyes se hacen solo para las grandes empresas. Los demás no pueden cumplirlas. Se requiere una profunda reforma de la formalidad. Un estado meritocrático y no patrimonialista es la contraparte.

Y necesitamos una reforma política para que los partidos vuelvan a atraer a la mejor gente. Permitir ‘think tanks’ por impuestos en los partidos, como propone Carlos Meléndez, restablecer el Senado para recuperar también a las élites y pasar a distritos electorales uni o binominales para que la representación sea más territorial y menos sectorial.

Pero no hay voluntad ni visión reformista en los partidos, ya capturados. Ese impulso tiene que venir de la sociedad civil, del empresariado, de la academia. Antes de que el país se pierda.