¿Y si nos involucramos?

A menos de dos semanas de la elección de las próximas autoridades locales y regionales, ¿cuántos de nosotros nos sentimos seguros de a quiénes vamos a llevar al poder? ¿Cuántos hemos revisado quiénes son los candidatos de nuestro distrito y sus regidores? ¿Hemos leído sus propuestas? ¿Sabemos acaso por qué postulan y quiénes los financian?

Las nuevas autoridades que asumirán sus cargos el 1 de enero del 2023 manejarán presupuestos millonarios. Para que se haga una idea, los gobiernos regionales recibirán en el 2023 más de S/42 mil millones. Mientras que los gobiernos locales recibirán casi S/30 mil millones. Esto significa un aumento de 16,4% para los gobiernos regionales y de 38,1% para los gobiernos locales en relación con el 2022.

¿Qué tan bien gestionan sus presupuestos las autoridades? En el 2021, los gobiernos locales de Áncash ejecutaron solo el 58,9% de su presupuesto. Mientras que los gobiernos locales de Arequipa, Ica y Tumbes ejecutaron el 62,8%, 65,8% y 68,2%, respectivamente. La región cuyos gobiernos locales tuvieron la mejor ejecución del gasto público fue Puno, que llegó a 81%. Vale recordar que cuando hablamos de ejecución del gasto público solo estamos considerando los desembolsos que hacen los gobiernos locales, mas no el avance de obra de los proyectos que están financiando. De hecho, muchos de los proyectos que financian los gobiernos locales están paralizados. Hoy existen 2.346 obras públicas paralizadas por más de S/29 mil millones. Monto similar al presupuesto de los gobiernos locales para el 2023. La ineficiencia en el gasto público, que considera además la mala elección de los proyectos, y la insatisfacción de los ciudadanos con la democracia es un problema real.

Pero ¿cómo se origina el problema? Aquí hay una responsabilidad de los “partidos” políticos que existen en el país. Que más que partidos son solo vehículos para acceder al poder, que no asumen responsabilidad por la selección de candidatos. Los partidos no hacen un correcto análisis de la trayectoria de las personas que ponen en sus listas, ¿cuál es su experiencia privada y pública?, ¿estudios?, ¿ha postulado a algún cargo público anteriormente? ¿Llegó a ser autoridad?, ¿militó en otros partidos?, ¿tienen denuncias penales de algún tipo? En segunda instancia, una vez que los candidatos ganan las elecciones, se distancian de los partidos y estos, los partidos, se desentienden de la gestión pública; con lo cual no hay una supervisión del correcto desenvolvimiento de la autoridad, ni tampoco una rendición de cuentas adecuada. Todo parecería indicar que tanto para el partido como para el candidato esto no es más que un negocio.

Los ciudadanos, por nuestro lado, tampoco nos involucramos en la gestión pública. No hacemos un adecuado escrutinio de las personas por las que vamos a votar y luego, en el poder, tampoco les exigimos que nos rindan cuenta ni somos parte de los programas de participación ciudadana. Nos basta con quejarnos en nuestras redes sociales y mandar mensajes furibundos por WhatsApp.

¿Cómo mejoramos la calidad de nuestras autoridades? Necesitamos promover una reforma política, porque, tal y como están las cosas, los ciudadanos estamos capturados por los partidos. La oferta de candidatos es mediocre, en el mejor de los casos, e inaceptable en la mayoría. El diseño del sistema obliga a los ciudadanos a elegir entre las opciones que nos ponen los partidos. Necesitamos prohibir la postulación a cargos de elección popular a personas que alguna vez fueron condenadas por delitos graves, como narcotráfico, crimen organizado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, corrupción y delitos contra la libertad sexual. Y los partidos políticos deben ser obligados (a través de sanciones) a asumir la responsabilidad por las personas que llevan en sus listas. De esta manera harán una investigación más exhaustiva y presentarán mejores candidatos.

Desde la ciudadanía debemos involucrarnos, participar activamente en política, sea como regidores o a través de organizaciones vecinales, por ejemplo. Desde la academia se pueden generar programas de gestión pública dirigidos a aquellos que tengan intereses políticos y el sector privado puede financiarlos. Construir una mejor clase política es tarea de todos. No podemos quedarnos esperando a que el Estado mejore por sí solo.