Hoy se cumplen 100 días desde que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, decidió pasar a la clandestinidad. Como se recuerda, él fue condenado a cuatro años de prisión efectiva en febrero del año pasado por el caso ‘Aeródromo Wanka’ correspondiente a su etapa como gobernador regional de Junín (2011-2014). A inicios de octubre del 2023, la Sala Penal de Apelaciones Transitoria especializada en delitos de corrupción de Junín ratificó, en segunda instancia, la sentencia. El mismo día del fallo, Cerrón desapareció del radar de las autoridades.
No debería dejar de llamar la atención la facilidad con la que una persona de alto perfil, y ya condenada previamente, pudo evadir su captura. Cerrón no solo estaba en líos penales por el citado caso. En su mochila cargaba también la sentencia por favorecer al Consorcio Altiplano en un proyecto de agua y alcantarillado, pesquisas por presunto lavado de activos, acusaciones por liderar las presuntas organizaciones criminales Perú Libre y “Los Dinámicos del Centro”, entre otros casos. Todo ello lo debería haber convertido en una persona en alto riesgo de fuga y sujeta a supervisión policial. Y, sin embargo, fue capaz de huir precisamente en el día en el que era más probable que eso sucediese.
Quizá aún más llamativa que la fuga ha sido la inhabilidad del Gobierno para encontrarlo luego de más de tres meses. Las autoridades han venido anunciando su pronta captura en diversas ocasiones y cada vez han regresado con las manos vacías. Apenas esta semana, la fiscalía y la policía allanaron varios inmuebles en el Callao donde sospechaban que habría estado escondido Cerrón. Hallaron en su lugar panfletos y banderas del partido, de acuerdo con la policía. Los anuncios de supuestos asilos en embajadas de Bolivia, Cuba o Venezuela de finales del año pasado tampoco rindieron frutos.
Mientras tanto, Cerrón permanece en actitud desafiante. Ofrece sus versiones (distorsionadas) de la realidad desde sus cuentas en redes sociales. Esta semana ofreció una entrevista al diario “Correo” en la que descartó entregarse a la justicia. En la misma conversación justificó sus acciones en que “los órganos de justicia están orientados y direccionados e instrumentalizados para lograr las sentencias e inhabilitaciones de los líderes que se atreven a ser contestatarios al sistema”. Por supuesto, su intento absurdo de politizar condenas firmes en su contra es una estrategia ya manida entre prófugos como él.
Desde fuera, Cerrón ha recibido apoyo de diverso tipo. Parlamentarios cercanos han hecho eco de sus críticas al sistema de justicia, en tanto que su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, fue mucho más allá con la presentación de diversos proyectos de ley para beneficiarlo. Entre estos se cuentan iniciativas para “evitar la criminalización de las organizaciones políticas” y “promover la protección e intangibilidad de sus respectivos bienes y activos”, para abrir la posibilidad de presentar hábeas corpus ante cualquier juez, y para modificar hasta 34 artículos del Código Procesal Penal que afectarían los avances del Ministerio Público.
Tanto Cerrón como la presidenta, Dina Boluarte, están comprendidos en la investigación por el supuesto financiamiento ilícito de Perú Libre durante las elecciones pasadas, comicios en los que –vale recordar– los dos compartieron inicialmente una plancha presidencial. Así, mientras más tiempo permanezca prófugo, más crecerán las dudas en torno de si el gobierno de Boluarte está realmente interesado en su captura. Y estos 100 días en la clandestinidad solo generan suspicacias.
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