Regreso bajo el sol

Ayer, este Diario informó que varios colegios de Lima iniciarán clases en los próximos días, en medio de uno de los veranos más calurosos en la capital en los últimos años. Según el Senamhi, esta semana Lima y el Callao alcanzarán temperaturas máximas de 35 °C, y para la próxima se espera que sean de entre 26 °C y 28 °C. Como es obvio, esta situación ha despertado la legítima preocupación de grupos de padres y madres de familia por el impacto que la canícula podría tener en la salud de sus hijos.

Es cierto que existen colegios que tienen compromisos asumidos que les impiden postergar el inicio de sus calendarios lectivos, por ejemplo, hasta marzo, pero también es verdad que las autoridades educativas deben tomar todas las previsiones necesarias para que los alumnos –especialmente los más pequeños– no se vean innecesariamente expuestos al calor. Resulta importante en ese sentido el anuncio formulado por la ministra de Educación, Miriam Ponce, de que enviarán recomendaciones a los centros educativos para cuidar a los estudiantes. Recomendaciones, por ejemplo, en torno de que las tradicionales formaciones no se lleven a cabo (una práctica que, a decir verdad, no tiene mucho sentido que se siga realizando en la actualidad), a la que debería sumarse una reflexión sobre la obligatoriedad de que los alumnos vistan los muchas veces engorrosos uniformes escolares o de que realicen actividades al aire libre en las horas en las que el sol hace estragos.

Según ha contado a este Diario Jorge Camacho, vocero de la Alianza de las Escuelas Privadas, un ente que reúne a 2.000 instituciones educativas privadas de la capital que empezarán clases el 4 de marzo, todos los colegios integrantes del colectivo que representa ofrecerán condiciones ambientales para morigerar el impacto de las altas temperaturas, desde sistemas de ventilación hasta la posibilidad de que los alumnos acudan a las aulas con ropas ligeras, una excepción “que puede extenderse hasta mayo o mitad de año”. Eso está bien, pero recordemos que los colegios privados son solo una cara de la moneda. En los públicos, que empezarán en marzo, la situación es preocupante.

Un informe del diario “Gestión” del pasado 19 de enero, por ejemplo, advierte que, según cifras del propio Ministerio de Educación (Minedu), el 54,6% de los colegios públicos del país debe ser demolido por encontrarse en estado “muy crítico”, mientras que otro 26,2% se encuentra en “mal estado”, por lo que requieren intervenciones mucho más puntuales. Según el Minedu, la brecha de infraestructura en el sector es de S/164.000 millones y, en cálculos de la exministra Marilú Martens, tardaría 25 años cerrarlo al ritmo al que se vienen ejecutando los recursos hoy. De hecho, Lima Metropolitana es la región con la mayor brecha de infraestructura educativa del país, solo por detrás de Cajamarca.

Como es evidente, en colegios que ni siquiera pueden asegurar una infraestructura mínima para dictar clases resulta una entelequia exigir que puedan cumplir con condiciones de ventilación o de techado de espacios exteriores que disminuyan la posibilidad de que sus alumnos sufran un golpe de calor. Peor aun cuando, tal y como informó este Diario el año pasado, existen alrededor de 100 colegios en Lima Metropolitana que ni siquiera cuentan con agua potable y alcantarillado. Y, como todos los expertos mencionan, es importante que en lo que dure el verano los escolares se mantengan hidratados durante el día. Por no hablar de aquellas escuelas que no cuentan con energía eléctrica, por lo que pensar que puedan contar en sus aulas con, por poner un ejemplo, un pequeño ventilador es una ilusión.

En este contexto, no han faltado las voces que proponen que las clases sean remotas hasta que amaine el calor. En el Perú, sin embargo, ya hemos comprobado las desventajas que esta modalidad tuvo durante la pandemia y los efectos que causó en el aprendizaje de nuestros niños. Lo ideal sería que, sin comprometer sus estudios, se busque la forma de salvaguardarlos del calor que atravesamos, y este es un esfuerzo en el que deben comprometerse autoridades, directivos y padres y madres de familia.