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Para nadie podía ser una sorpresa que la reforma educativa emprendida por el gobierno de Ollanta Humala y liderada por el entonces ministro de Educación Jaime Saavedra enfrentara desde el inicio cierta resistencia, principalmente de parte de algunos grupos del sector interesados en mantener un statu quo que, como mostraban los indicadores internacionales del momento, solo había servido para sostener durante años rendimientos académicos bastante flacos.
Lo inesperado, sin embargo, es que en los últimos años muchos de los topetazos contra la reforma no han venido ni desde sindicatos ni desde la sociedad civil, sino desde el Congreso de la República. Y el dictamen aprobado el último lunes por unanimidad en la Comisión de Educación del Parlamento para reponer a más de 10.000 directores y subdirectores removidos por no aprobar una evaluación de desempeño en el 2014 es el último ejemplo de esto.
En agosto de ese año, en efecto, el Ministerio de Educación (Minedu) realizó una evaluación excepcional para los más de 13.000 directores y subdirectores de escuelas públicas de todo el país. Según explicó en su momento el Minedu, el objetivo de dichas pruebas era medir “la capacidad de los directivos de comprender documentos necesarios para la gestión de sus escuelas, así como su capacidad para conducirlas pedagógicamente y […] fomentar un adecuado clima institucional”. Vale aclarar que los directivos que no aprobasen el examen perderían sus puestos y volverían a ejercer como profesores.
Pues bien, en aquel momento, de los 13.750 servidores que debían ser evaluados, solo se presentaron alrededor de 8.400. De estos, a su vez, solo aprobaron alrededor de 3.000; esto es, el equivalente al 21% del total. En otras palabras, cerca de 10.700 docentes debieron dejar los altos cargos que ocupaban y volver a las aulas.
Ahora, sin embargo, el Congreso busca, a través de una ley, reponerlos en los cargos que desempeñaban, en lo que no puede interpretarse como otra cosa que un golpe contra los esfuerzos por imponer la meritocracia en el sector. ¿Por qué lo hace? Quizá el tuit de la presidenta de la Comisión de Educación, la legisladora Milagros Salazar (Fuerza Popular), que saluda la aprobación de la iniciativa legislativa el último lunes nos dé algunas luces al respecto. “Por unanimidad se aprueba Proyecto de Ley que busca restituir a los directores y subdirectores despedidos por el D.S. 003-2014. Esta ley beneficiará a más de 10 mil maestros”, sostuvo la parlamentaria, dejando en evidencia que, para los miembros de dicho grupo parlamentario, la prioridad es el bienestar de los profesores por encima del de los alumnos, quienes son, en última instancia, los que pagarán las consecuencias de las escuelas sin personal adecuado.
Por desgracia, esta no es la primera vez que el Congreso deja claras sus prioridades en el sector educativo. En noviembre pasado, por ejemplo, la misma comisión aprobó una disposición para restituir en sus puestos a más de 14.000 maestros que habían sido retirados en el 2014 por no contar con título pedagógico (a pesar de que, como explicó en su momento el entonces ministro Daniel Alfaro, habían tenido más de 20 años para obtener el grado), y solamente luego de no haber podido pasar una evaluación extraordinaria para demostrar que contaban con las capacidades necesarias para seguir enseñando a pesar de no estar titulados.
Así las cosas, solo queda esperar que cuando a ambas iniciativas les llegue el turno de ser revisadas en el pleno, la representación nacional reflexione sobre quiénes serían los más perjudicados con propuestas como estas. Y conminar al Ejecutivo a que, en el eventual caso de que el Parlamento las apruebe, considere la pertinencia de observarlas. Al fin y al cabo, proteger la meritocracia en el sector Educación de quienes quieren menoscabarla poco a poco no puede ser una tarea que el Gobierno se tome con tibieza.
