Una auténtica ofensiva

Mañana, según ha declarado su titular José Williams, se debe ver en el Congreso de la República la segunda votación de la ley mordaza, aquella que, a contracorriente de la tendencia mundial, apunta a endurecer las penas por los delitos de difamación y calumnia en nuestro ordenamiento jurídico. Si esta vuelve a ser aprobada –como ya ocurrió hace 20 días gracias al voto de 69 parlamentarios– los legisladores habrán consumado un verdadero despropósito.

Les habrán dado a los políticos, en pocas palabras, un arma reforzada para procesar a los periodistas que los escrutan, y a estos últimos, una razón para pensárselo dos veces antes de publicar una información que podría valerles una condena. Y lo habrán hecho, además, no porque no hayan sido advertidos de los efectos perniciosos que esta legislación tendría sobre la libertad de expresión en el país (ya varios gremios periodísticos y especialistas de distintos sectores se han pronunciado al respecto en las últimas semanas), sino a sabiendas de ellos.

En el fondo, lo que les preocupa a los legisladores no es el honor de las personas que podría verse menoscabado por un ejercicio periodístico poco escrupuloso (para eso, al menos, existe un abanico de posibilidades menos gravosas que podrían haber priorizado). Bien mirado, en realidad, el objetivo apunta hacia otro lado y aquí lo venimos diciendo desde hace un buen rato: limitar y castigar el trabajo periodístico. Y basta con ver los otros proyectos que se han presentado en el mismo sentido para confirmar esta impresión.

El 16 de mayo, por ejemplo, el legislador Américo Gonza –para más luces, incluido por el Ministerio Público en la presunta organización criminal que habría urdido los ascensos irregulares en la policía durante la presidencia de Pedro Castillo, y titular de la Comisión de Justicia que debatió y aprobó el dictamen de la ley mordaza– presentó un proyecto de ley para obligar a los medios radiales y televisivos a reservar una cuota “proporcional a los demás contenidos emitidos de su programación diaria” a “la difusión de manifestaciones musicales, históricas, literarias, artísticas, cívicas y culturales”.

Como para no dejar dudas sobre su naturaleza injerencista, la iniciativa estipula además que se establezca un órgano dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que, con el apoyo del Ministerio de Cultura (es decir, dos dependencias del Ejecutivo), verifique que esta se cumpla. El proyecto parece una mala copia del presentado el año pasado por Álex Flores, compañero de bancada de Gonza, que busca incrementar los porcentajes mínimos que la legislación actual ya establece para la producción nacional y la difusión de contenido cultural en las empresas de radio y televisión privadas, y que también le otorgaría al gobierno de turno, a través del MTC, una herramienta para fiscalizar a los medios, incluso con la potestad de cancelarles o no renovarles la licencia que les permite operar.

En ambos casos, la promoción cultural funciona como un envoltorio. Como la excusa que ha encontrado un grupo de legisladores para afectar el trabajo periodístico apelando a fines con los que nadie, en principio, podría estar en desacuerdo. A estas alturas, sin embargo, los proyectos de ley presentados en el Congreso para limitar a la prensa son ya tantos (consideremos también en este recuento el promovido por Renovación Popular para exigir la colegiatura obligatoria de periodistas) que resulta difícil pensar que estamos ante una desafortunada coincidencia. Se trata, más bien, de una auténtica ofensiva contra los medios usando a la cultura, la protección del honor de las personas o cualquier otro argumento del que los legisladores puedan echar mano como caballos de Troya para castigar al periodismo.

Al mismo periodismo que en los últimos tiempos ha destapado la olla de congresistas ‘Niños’, ‘mochasueldos’, ‘topos’ o protagonistas de escándalos de toda índole y que otras representaciones nacionales también trataron en su momento de amordazar impulsando similares ardides. Mal harían, por ello, otras instituciones como la Defensoría del Pueblo (liderada por Josué Gutiérrez, quien hasta hace poco se desempeñaba como militante del partido de Gonza y Flores) en guardar silencio ante esta embestida contra la prensa.

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