Editorial 1: Enemigo en casa

El año pasado, en el Perú se cometieron 165 feminicidios. Un nuevo récord, al tratarse de la mayor incidencia de este crimen desde que este se empezó a registrar como tal en el 2009. La última marca se había establecido en el 2018, con 149 víctimas.

La contundencia de estos números, además de generar tristeza e indignación entre la ciudadanía, también ha hecho que esté más consciente de que algo debe hacerse para remediar la situación: por ejemplo, tomar medidas para lidiar, de manera general, con la violencia que se produce al interior de las familias. Sin embargo, la preocupación por esto último no parece haber alcanzado a algunas de las agrupaciones que hoy pretenden llegar al Congreso en las elecciones del 26 de enero.

De hecho, el domingo, luego de que se conocieran los detalles del caso del señor Daniel Mora, candidato por el Partido Morado denunciado por su esposa en marzo del 2019 por violencia familiar, este Diario dio cuenta de otros dieciocho postulantes (por doce organizaciones políticas) sentenciados por el crimen mencionado, que fueron inscritos para participar en los próximos comicios. Siete de ellos fueron excluidos de la contienda por haber omitido en la declaración jurada de sus hojas de vida las sentencias por este delito, uno renunció a participar en la elección y diez dieron constancia de sus antecedentes y continúan en carrera.

Si bien los ciudadanos que han cometido delitos como el que nos ocupa están legalmente habilitados para participar en procesos electorales, deja mucho que desear que algunos partidos los incluyan en sus filas. En fin, la presencia de estos individuos, además de acarrear claros costos políticos para la agrupación, expresa un nivel de indulgencia inaceptable en tiempos en los que la violencia familiar y contra la mujer son problemas particularmente graves.

En algunos casos, puede ocurrir que la falta de transparencia de los candidatos o las limitaciones de la ventanilla única (en lo que concierne a denuncias en curso) resulten en personas cuestionables insertándose en las organizaciones políticas, pero cuando las condenas están documentadas, no hay excusa para mantener al enemigo en casa.

Los partidos nos deben esa diligencia.