Editorial 1: Los dólares del secretario

La noticia ha dado la vuelta al mundo: durante la diligencia que realizaron el último viernes en el despacho del ahora ex secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, los representantes del Ministerio Público encontraron US$20 mil en el baño. La investigación que dio pie a la intervención, como se recuerda, parte de la presunción del involucramiento del hasta hace poco hombre de confianza del presidente Pedro Castillo en el delito de tráfico de influencias. En consecuencia, el monto hallado (que excede varias veces el salario mensual que Pacheco percibió durante el efímero período en que ocupó el cargo en cuestión) y lo insólito del lugar en el que había sido colocado no han hecho sino incrementar las sospechas que motivaron la diligencia.

De acuerdo con el acta levantada por la fiscalía, al preguntársele por el origen del dinero, el investigado alegó que era “producto de sus ahorros” y de su sueldo, y se comprometió a acreditarlo en el término más breve. Una explicación que el país exige, porque los favores que –según varios testimonios que son de dominio público– él habría pedido y concedido mientras era secretario de la Presidencia hacen pensar en la posibilidad de que los dólares fuesen un instrumento de persuasión o una indebida recompensa.

Resulta increíble, por otro lado, que el Ministerio Público no se hiciera en ese momento del celular de Pacheco y que hasta ahora no haya allanado su domicilio. ¿No podría haber encontrado allí más dinero de origen difícil de acreditar y que ahora podría ya haber sido trasladado a otro lugar?

El problema que esto supone para el Gobierno, por último, es sumamente grave, pues varios de los irregulares pedidos que se le atribuyen al exsecretario de Palacio habrían sido hechos invocando el nombre del jefe del Estado: una circunstancia que, sumada al tiempo que tardó su licenciamiento, arroja sobre lo sucedido una luz inquietante, y sobre todo muy inconveniente en momentos en que algunos sectores del Congreso quieren discutir la vacancia del mandatario por una supuesta incapacidad moral permanente.