Editorial El Comercio

El lunes, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio () reveló una circunstancia sumamente grave. Entre el 2019 y el 2021, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) adquirió a proveedores en el extranjero –una modalidad a la que recurre cuando no es posible conseguirlas en el mercado local– que, o bien no son aptos para el consumo humano, o bien no pasaron las pruebas requeridas, o bien no cumplen con las buenas prácticas en su elaboración. En pocas palabras, que no sirven.

Esta situación, que fue advertida gracias a las alertas realizadas por la organización Acción Internacional para la Salud (AIS), le ha costado al país la friolera de S/2,4 millones, dado que los fármacos a los que nos referimos deben ser destruidos por las autoridades pertinentes para asegurar que no serán consumidos por nadie. Lamentablemente –y aquí viene lo más grave– muchos de estos medicamentos (alrededor de 1,6 millones) ya fueron distribuidos a varios pacientes, lo que no solo podría no ayudarlos a combatir sus enfermedades, sino que podría terminar perjudicando su salud.

Entre los detalles que llaman la atención en esta historia se encuentra el hecho de que algunos de estos medicamentos adquiridos por Cenares sin mayores cuidados recibieron en su momento el aval de la Dirección General de Medicamentos (Digemid). Según ha explicado Javier Llamoza, investigador del AIS, “tanto el Cenares [que pide el registro sanitario], como la Digemid [que lo brinda] confían en la información que envía la empresa [extranjera, pero] ninguna hace un análisis real”.

Como es evidente, esta denuncia debería motivar una respuesta contundente de las autoridades. Lo que ha estado expuesto aquí, más allá de los millones que se tiraron al drenaje, es la salud de tantísimos pacientes a los que se les ha otorgado medicinas inservibles. Preocupa, en ese sentido, que desde el AIS han asegurado que sus misivas enviadas al Ministerio de Salud y a la contraloría todavía no han sido respondidas.

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