El motivo por el que generó preocupación esta semana la eliminación de la figura del Senado en el borrador de la nueva Constitución chilena es porque una cámara alta tiene entre sus tareas evitar justamente el tipo de normas impulsivas y populistas que está aprobando hoy el unicameral Congreso peruano.
A la abrupta exoneración del IGV a ciertos alimentos de la semana pasada –cuyos problemas comentamos ya en estas páginas– se le sumaría ahora la aprobación de un nuevo retiro de los fondos acumulados de pensiones en las AFP. Con nueve votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera dio luz verde al dictamen que posibilita el retiro de cuatro UIT (unos S/18.400) sin mayores requisitos de calificación por afiliado.
La medida, por supuesto, emula prácticas pasadas. Este sería el sexto retiro desde que se abrió esta compuerta a partir de las necesidades de liquidez durante la pandemia. Y si bien en un primer momento era entendible que varias familias podían requerir recursos de forma urgente dado el colapso económico de mediados del 2020, hoy esa justificación es mucho menos clara. Hay dos razones contundentes para ello.
La primera es que el mercado de trabajo –aunque todavía resentido– se ha ido recuperando desde los momentos más duros de la crisis. Es cierto que la inflación ha sido un golpe adicional a las posibilidades de consumo de los hogares, pero a más de dos años desde el inicio de la pandemia, y con el PBI a niveles incluso por encima de los del 2019, ya no se puede hablar de una situación económica extraordinaria que requiera medidas extraordinarias.
En segundo lugar, porque millones de las cuentas de pensiones de la población más vulnerable ya están en cero. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con los cinco retiros aprobados entre el 2020 y el 2021, son 2,3 millones los afiliados que ya no tienen ahorros previsionales.
Más bien, dado el nulo interés en focalización del Congreso, quienes mayor uso le darán a la medida son aquellos en mejor posición económica y que aún mantienen saldos considerables en el sistema. Así, la SBS también informó que, cuando no se puso condiciones como considerar los meses de desempleo previo para acceder a los fondos, el 45% de los retiros provino de afiliados que trabajan o aportan regularmente. Es decir, afiliados que no estarían en condiciones de vulnerabilidad.
De pasar la propuesta en el pleno del Congreso, los parlamentarios estarían repitiendo los vicios de sus antecesores y, lo que es peor, sin un contexto de crisis económica que pueda siquiera enmascarar propiamente su populismo. Nuevamente, el dictamen ha sido aprobado a pesar de la opinión contraria de cualquier especialista en la materia, incluyendo a la SBS y al Banco Central de Reserva del Perú (BCR). Es una propuesta que no solo perjudica a aquellos afiliados que quedarán desprotegidos a la vejez, sino también al sistema financiero nacional; no por gusto S&P Ratings la citó como uno de los motivos para la rebaja en la calificación crediticia de la deuda peruana el mes pasado.
El Congreso aún está a tiempo de reconsiderar su posición. Si no quiere dejarla totalmente de lado, puede cuanto menos acotar los retiros para aquellos afiliados que no registren empleo o ingresos por un período determinado. Por el contrario, insistir con el dictamen tal cual aparece hoy bien podría terminar siendo la estocada final a un sistema de pensiones del que nunca tuvieron, en realidad, la intención de entender o de mejorar.
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