Editorial: Acabar con la incertidumbre

El pasado diciembre, el Parlamento aprobó una norma que refuerza lo señalado por el artículo 206 de la Constitución, según el cual las reformas constitucionales deben pasar por el Poder Legislativo antes de ser sometidas a referéndum. En concreto, la medida hace modificaciones a la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano y añade a su artículo 40 un texto en el que se precisa que solo se podrán someter a consulta ciudadana las modificaciones a la Carta Magna que respeten lo determinado en su artículo 206.

Mañana se vence el plazo para que el presidente Pedro Castillo promulgue u observe esta ley y la verdad es que decantándose por lo primero se avendría perfectamente con lo que prometió en su discurso inaugural del pasado 28 de julio. Como se recuerda, al referirse al cambio de la Constitución, el mandatario dijo entonces que buscarían hacerlo “siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona” y luego de “conciliar posiciones con el Congreso de la República, pues será aquí, en la casa de las leyes, donde se tendrán que aprobar las normas correspondientes”.

La norma aprobada por el Congreso pondría coto a los intentos de quienes pretenden esquivar al Parlamento en sus intentos por promover un referéndum para elegir una asamblea constituyente recorriendo el camino del proceso de recolección de firmas (una circunstancia que, como hemos indicado desde esta página en más de una ocasión a tono con lo que una mayoría de especialistas en la materia ha opinado, es sencillamente imposible de llevar a cabo sin transgredir el texto constitucional). Asimismo, al reafirmar que no se podrá concretar una modificación como la que una minoría pretende –solo el 10% del país considera que esta es una prioridad, según una encuesta de El Comercio-Ipsos– sin la anuencia del Legislativo, el panorama se tornaría un poco más predecible.

Como sabemos, quienes se oponen a la medida que nos atañe en esta página alegan que esta priva al “pueblo” de su rol constituyente y que atenta contra el clamor del mismo por una nueva Constitución. Sin embargo, la ley no hace más que subrayar reglas que ya existen y somete los cambios que se quieran hacer a criterio de aquellos a los que la ciudadanía eligió para que funjan como sus representantes. Si los intentos por cambiar la Carta Magna no prosperan en el Parlamento es porque este movimiento no ha llegado a amasar el respaldo que sus promotores aseguran tener.

Hay que decir, además, que dentro del Gobierno el apoyo a esta iniciativa tampoco está del todo claro. En noviembre, por ejemplo, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó que “en este tiempo no se puede pensar en un cambio de la Constitución” y que modificarla demanda un proceso “bastante complejo”. Mientras que el titular de Economía y Finanzas, Pedro Francke, afirmó en CADE Ejecutivos que el cambio constitucional “no es un tema que esté en las prioridades del Poder Ejecutivo”.

Como hemos dicho en más de una oportunidad, cambiar la Constitución sería un despropósito, tanto por la incertidumbre que generaría el proceso como por el hecho de que las reformas que el país necesita pueden emprenderse sin necesidad de cambiar todo el documento constitucional. Asimismo, no podemos dejar de señalar que la ojeriza de los promotores del mentado cambio está claramente enfocada en el capítulo económico de la Carta Magna que, a pesar de los reiterados esfuerzos de la izquierda por hacer creer lo contrario, ha traído avances al país que ningún otro modelo ha conseguido.

El presidente, así, tiene entre sus manos la posibilidad de acabar de una vez con la aventura de quienes vienen promoviendo un cambio constitucional esquivando el camino que la propia Carta Magna establece y, con ello, de darle al país un poco de certidumbre al menos en este aspecto.