Editorial: Algo más que buenos deseos

Cuando se habla de avances en la calidad de vida de los países, quizá no hay indicador más relevante que el acceso oportuno y eficaz a cuidados de salud. En ese sentido, el anuncio del presidente Martín Vizcarra durante su último discurso de Fiestas Patrias respecto a que todos los peruanos que no cuenten con seguro médico serán afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) puede ser entendido como un gran paso en política social.

En ese camino, el Gobierno publicó la semana pasada un decreto de urgencia (D.U.) que autoriza al SIS a afiliar a toda persona “independientemente de la clasificación socioeconómica” que no cuente con seguro de salud. El objetivo es, sin duda, loable. La atención básica de salud es un derecho que no debe depender del nivel económico de la familia ni del lugar de nacimiento.

El tema de fondo, sin embargo, es que el acceso a un derecho no debe quedar, como otros, solo en el papel. En concreto, más allá de incluir a 4,8 millones de personas adicionales al SIS a través de un decreto, ¿cómo se planea incrementar la oferta de servicios de salud, mejorarla y financiarla?

Si bien del D.U. publicado se desprenden algunas ideas, todavía hay un largo camino por identificar. Y desde aquí empiezan los problemas. Como hemos mencionado en anteriores ocasiones, es poco serio realizar anuncios de reforma profunda sin tener ya una hoja de ruta inicial –siempre sujeta a debate– y un estimado de los costos. Según señaló hace unos días la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, cuando fue consultada por el costo de la propuesta, se han instalado “unos grupos de trabajo, donde se va a definir cuál es el costo del paquete básico para esta provisión”.

Como es obvio, el principal riesgo es que, si no mejora significativamente la oferta de servicios, los nuevos afiliados solo añadirán más presión sobre un sistema ya colapsado, empeorando los servicios para todos. Hoy, incluso sin la ampliación en el número de afiliados, la situación es delicada. Según Janice Seinfeld, de Videnza Consultores, solo uno de cada dos pacientes del SIS recibe todo lo recetado.

Para que sea financieramente sostenible, cualquier intento de reforma o ampliación del SIS deberá pasar necesariamente por sincerar los planes de acceso de los afiliados. Si bien en teoría el seguro gratuito, financiado con los impuestos de todos los peruanos, debería haber sido exclusivamente para la población pobre –que en el Perú son aproximadamente 6,6 millones de personas–, a la fecha hay casi 18 millones de afiliados. En otras palabras, son varios millones los no pobres inscritos en el SIS que podrían aportar una prima y contribuir al seguro, pero que hoy lo reciben de forma absolutamente subsidiada. Solo el 1% de los afiliados está en el régimen semicontributivo, con aportes de entre S/15 y S/50 al mes. En los planes del MEF estaría ampliar el número de personas aportantes. De forma complementaria, integrar redes de atención privadas y de Essalud puede bajar la presión sobre un SIS desbordado y mejorar la eficiencia.

No obstante, como con otros problemas complejos del sector público, incluso solucionando el delicado asunto del financiamiento la capacidad de gestión seguirá siendo un limitante. El Ministerio de Salud estima que se requieren 118 nuevos hospitales y 16 mil médicos especialistas para cubrir la brecha. El 79% de los hospitales de mayor complejidad presenta deficiencias de infraestructura o equipamiento. Nada de esto se solucionará de un día para otro –incluso con los recursos disponibles–, sino que requiere de un esfuerzo serio, bien planeado y sostenido.

Por supuesto, el objetivo es que la buena intención no quede solo en el papel; lamentablemente, todavía ni siquiera está disponible este último.