Editorial: De brazos cruzados

La Asociación de Exportadores (ÁDEX) informó hace unos días que su sector afronta la peor crisis en 65 años, ya que las exportaciones han venido cayendo durante los últimos 44 meses. Se trata, sin duda, de un problema mayúsculo para un sector decisivo en la economía nacional, cuyo origen se explica, en parte, por la menor cotización de los productos tradicionales y la desaceleración económica de algunos socios comerciales. La responsabilidad, sin embargo, recae también en las condiciones domésticas y el manejo gubernamental de la economía.

Por el lado del gobierno, si bien los paquetes reactivadores redujeron las partidas arancelarias de cientos de productos y se firmó el Acuerdo de Asociación Transpacífico –que, de ser aprobado, será el mayor tratado de libre comercio en el mundo–, la actual gestión no ha sido eficiente en crear un marco favorable para las inversiones dentro del país. 

En ese sentido, podría decirse que, desde lo sucedido en Conga en el 2012 (cuando las protestas resultaron en el estancamiento de uno de los proyectos mineros más importantes de los últimos años), el gobierno se dio por vencido en la tarea de establecer las condiciones propicias para la ejecución de la inversión privada. Peor aun, en reiteradas oportunidades, nuestros gobernantes no consiguieron prevalecer el Estado de derecho y la vigencia de los contratos, lo que ha tenido un efecto devastador en la imagen del Perú como plaza de inversiones.

Los países que mejor han enfrentado la caída de precios de las materias primas han respondido con un aumento en su producción. Cuando los precios caen, se deben ajustar los costos y vender mayores cantidades. Tal es la lección, por ejemplo, de Codelco, la empresa cuprífera chilena, que, ante la tendencia a la baja de los precios, aumentó su producción y obtuvo excedentes por US$1.218 millones hasta setiembre del 2015.

En nuestro caso, lamentablemente, los proyectos mineros detenidos han tenido un costo enorme. De haber sido ejecutados, se hubieran traducido en un aumento de 40% en las exportaciones debido al incremento en la producción.

A esto se suma un manejo imprudente de las cuentas fiscales. El actual gobierno ha apostado por el déficit fiscal (que alcanzó 2,5% en el 2015 y superaría el 2,8% este año). El problema es que pagarlo finalmente alienta la inflación, la cual, durante los últimos dos años, ha superado la meta propuesta por el Banco Central de Reserva (BCR).

Pese a que el aumento en el tipo de cambio (el precio del dólar) debería mejorar la posición de los exportadores, la inflación local disminuye las ganancias que podrían obtener. Es necesario, por consiguiente, encaminarse para recuperar el control del gasto público.

Por el lado de los exportadores, el presidente de ÁDEX, Eduardo Amorrortu, ha manifestado que la única reforma inmediata para contrarrestar la caída del sector es retornar al drawback –que el gobierno redujo de 5% en el 2014 a 3% este año–. La solución, empero, no debería incurrir en incrementar beneficios tributarios.

El drawback permite recibir del Estado parte del valor del producto final exportado para compensar haber pagado aranceles de importación por los insumos utilizados. Ello parece razonable en la medida que evita que se paguen aranceles por bienes que luego serán sacados del país. No obstante, al pagar un porcentaje fijo del valor del producto exportado sin considerar el valor del arancel pagado, se otorga un trato especial a los exportadores a costa de todos los contribuyentes. 

Es cierto que en nuestro país existen brechas institucionales y estructurales que encarecen los costos de producción, pero esto no justifica que se den tratamientos tributarios diferenciados o de privilegio para el sector exportador. Hacer que nuestros productos sean más atractivos y lograr mejorar nuestra competitividad requiere reducir estas brechas.

En general, el gobierno podría enfrentar la crisis de las exportaciones si tuviera objetivos claros: alentar masivamente las inversiones, reducir el déficit fiscal, recuperar la estabilidad monetaria y eliminar las brechas institucionales y estructurales. Aunque, al parecer, nada de eso está en la agenda de este último tramo del gobierno.