Censura

Desde sus inicios, el gobierno del presidente Pedro Castillo no ha sido uno marcado por su apertura a la prensa libre. En campaña, el entonces profesor de escuela rural convertido en candidato a la presidencia dio apenas unas escuetas entrevistas. Durante sus primeros días como mandatario, llenó de rejas espacios públicos para impedir que periodistas cubriesen eventos oficiales, incluyendo la juramentación de su primer Gabinete, y se negó a firmar las declaraciones de Chapultepec y Salta. El manejo independiente de los medios estatales a cargo del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) es altamente cuestionable, y la voluntad del presidente para conceder entrevistas con medios no oficiales luce nula. Peor aún, los ataques constantes a los medios son una característica regular de su administración.

Pero ninguna iniciativa o comportamiento del Gobierno hasta ahora ha buscado tan desembozada y directamente atentar contra la libertad de prensa como el proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros esta semana. De acuerdo con Aníbal Torres, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Gobierno estaría presentando al Congreso una propuesta para sancionar la difusión de información reservada en una investigación penal. En conferencia de prensa, Torres señaló que en la actualidad se “selecciona tal o cual información con el propósito de imputar la comisión de delitos”, y que el proyecto impondrá hasta cuatro años de prisión para quienes sean encontrados culpables.

Este es un atropello mayúsculo a la libertad informativa que de ninguna manera debe convertirse en ley. Solo los estados autocráticos o llanamente dictatoriales buscan utilizar el sistema de justicia para acallar las voces incómodas. En países de la región en los que la democracia ha sido progresivamente erosionada hasta perderse, los primeros pasos consistieron precisamente en coaccionar a la prensa con medidas como la que propone hoy el jefe de la PCM.

Por lo demás, este no es un gobierno cualquiera, ni son circunstancias usuales en las que se somete un proyecto de ley mordaza a la consideración del Congreso. Hay sentido de oportunidad. El Ejecutivo se halla cercado por acusaciones de corrupción que cada semana parecen más serias y más próximas al propio presidente de la República. Aspirantes a colaboradores eficaces vienen declarando sobre la existencia de una amplia red de corrupción en diversas instancias públicas. El torrente de acusaciones e indicios ya luce imparable.

Es en este contexto que un gobierno seriamente manchado por señalamientos de corrupción –con al menos dos personas con altos puestos públicos fugadas en menos de un año de mandato– quiere sancionar la difusión de información. Seamos claros: el Gobierno intenta silenciar a la prensa para tapar sus pecados y, para ello, está usando el arma más manida a disposición: el sistema de justicia.

Este empeño no debería ser exitoso, pero puede encontrar algunos aliados en el Congreso. No olvidemos que, en enero de este año, la Comisión de Justicia, liderada por la ex fiscal de la Nación Gladys Echaíz, propuso una modificación legal muy parecida. De haberse aplicado estos criterios antes, los grandes casos de corrupción de los últimos años sencillamente no hubieran podido tener la repercusión ni el impacto entre la ciudadanía que tuvieron y que hicieron posibles sus avances. En Lava Jato, el Club de la Construcción, los Cuellos Blancos del Puerto y varios otros, los destapes periodísticos sobre los avances en las investigaciones fueron fundamentales para evitar que actores inescrupulosos del sistema de justicia intentasen enterrar los casos (como estuvieron cerca de lograrlo en varios momentos). La norma en cuestión supondría ahora pena de prisión para periodistas empeñados en que la verdad se conozca.

Finalmente, al margen de si el proyecto de ley llega a aprobarse o no, su sola existencia es reveladora respecto del poco talante democrático del presidente Castillo y su equipo. Un gobierno que piensa que la manera de evitar que su descrédito escale es silenciando a quienes informan sobre sus escándalos está siguiendo la ruta más corta hacia el descrédito total. Se retrata, a sí mismo, como uno incapaz de contener el caudal de información cada vez más comprometedora e ingresa a ese nefasto grupo de regímenes que a lo largo de nuestra historia intentaron torcer la labor periodística instrumentalizando el sistema legal de manera espuria.