Pedro Castillo juramenta a Luis Barranzuela, abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre, como ministro del Interior, anoche, en Palacio de Gobierno.
Pedro Castillo juramenta a Luis Barranzuela, abogado de Vladimir Cerrón y Perú Libre, como ministro del Interior, anoche, en Palacio de Gobierno.
Editorial El Comercio

Finalmente, luego de 69 días, en la tarde de ayer cayó . Una persona que nunca debió de llegar a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y que envileció un cargo tan importante, terminó yéndose como correspondía: brindando una conferencia de prensa en soledad y contando con el único respaldo del ala más radical de su partido y de su secretario general, . Aunque ni siquiera en sus estertores enfundó la lanza de la provocación: “Creo haber desarrollado el cargo con decoro”, afirmó. No se le va a extrañar.

En su lugar, juró la expresidenta del Congreso ; un cambio que implica el relevo más urgente junto con la salida del ministro de Trabajo, . No solo porque se removieron a dos funcionarios cuyas simpatías o antecedentes revelaban en el menos grave de los casos una afinidad con el mayor grupo de criminales que ha conocido el Perú, sino porque –además– las intenciones reveladas del primero de presentar una cuestión de confianza para defender al segundo frente a lo que parecía su censura inminente amenazaban con inaugurar otra crisis política con consecuencias catastróficas a todo nivel. Se podría decir que el presidente le ha ahorrado al Congreso una de sus dos balas de plata, y luego del quinquenio que acabamos de dejar atrás, eso es saludable.

Una lectura apresurada de los hechos, por otro lado, podría hacernos creer que el mandatario ha decidido amputar el brazo de Cerrón de su gobierno. Pero este diagnóstico no es tan simple. Si bien es elocuente que se haya promocionado a la legisladora Betssy Chávez (vapuleada internamente por expresar su discordancia con el radicalismo cerronista) y que se haya ratificado a los ministros sobre los que Bellido y Cerrón habían puesto la diana (como Óscar Maúrtua, Pedro Francke y Aníbal Torres), preocupa poderosamente la designación del abogado en el Ministerio del Interior.

Barranzuela es socio fundador del estudio Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León, el mismo que viene asumiendo la defensa legal de Cerrón, Bellido y Perú Libre en una investigación por lavado de activos. De hecho, el propio Barranzuela fue presentado el mes pasado por Waldemar Cerrón, vocero del oficialismo en el Parlamento, como abogado de Perú Libre y estuvo presente en la audiencia del deslacrado de las laptops incautadas a militantes de Perú Libre por esas fechas.

En un contexto en el que las autoridades vienen cerrando el cerco sobre Cerrón y los altos mandos de Perú Libre, en el que dentro de la policía se desarrolla una investigación por el resguardo irregular contra el exgobernador de Junín, cuando han pasado algunas semanas desde que se nombró a un al mando de la DINI y habida cuenta de que la fiscalía requiere del apoyo policial para sus diligencias, es imposible restarle gravedad a este nombramiento, así como afirmar que ya no se ve la mano de Cerrón en el Gabinete. Peor aún, se podría decir que Cerrón ha perdido la cabeza del equipo ministerial, pero ha ganado la del Interior; el sector que más preocupaciones le debe de generar hoy en día.

Finalmente, el Gobierno desperdició la oportunidad de prescindir de otros integrantes sobre los que caen una lluvia de cuestionamientos. Entre ellos, el titular del Ambiente, Rubén Ramírez, que carga con un historial de denuncias por agresiones y acoso, y el de Transportes, Juan Silva, quien no solo no tiene experiencia en el sector que lidera, sino que, además, en el poco tiempo que lleva en el ministerio, este ha sido escenario de que tuvieron que ser dejados sin efecto porque los elegidos no cumplían los requisitos para desempeñarse en ellos.

Este, de momento, parece ser el diagnóstico del nuevo Gabinete que lidera Mirtha Vásquez. Al menos, hasta que el paso de los días nos dé más luces sobre los otros integrantes que han llegado.

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