“La gente nunca miente tanto como luego de la cacería, durante una guerra y antes de las elecciones”, habría dicho el canciller alemán Otto von Bismark. El también duque de Lauenburg bien podría haber agregado a su lista de ocasiones de embauque los intentos por justificar la procedencia de recursos sospechosos de haber sido ilícitamente obtenidos.
Así, desde que comenzaran a destaparse los detalles del caso Ecoteva, las idas y venidas, afirmaciones y rectificaciones, del ex presidente Alejandro Toledo y de su entorno solo han dejado claro que la posición del ex mandatario en las opacas transferencias es todo menos sólida. La reciente calificación de Toledo sobre las pesquisas que sigue la Fiscalía como una ‘investigación política’ que responde a ‘plazos electorales’, además de su súbito y oportuno golpe memorioso, nueve años después, respecto de la maleta diplomática que supuestamente vio en la sede de la Cancillería peruana con US$850.000 traídos desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2006, invitan a una revisión de las contradicciones del expresidente y de los hechos que esgrime el Ministerio Público para proceder con su acusación penal.
La compra de una casa en Casuarinas por US$3.7 millones y de una oficina en la Torre Omega de Surco por US$882.000 despertaron las primeras sospechas. Los inmuebles habían sido financiados, presuntamente, por la madre de Eliane Karp, la señora Fernenbug, quien vivía en Bruselas. Raudo, el Alejandro Toledo apareció entonces señalando que los recursos de la señora provenían de una indemnización millonaria que recibió como víctima del holocausto.
Desmentida esa primera versión, el ex mandatario ensayó nuevas: que el dinero venía de un marido millonario al que la señora Fernenbug había enviudado; de un préstamo de Josef Maiman, empresario israelí amigo del ex presidente Toledo; de Josef Maiman mismo, ya no como préstamo sino directamente, pues él habría hecho la inversión inmobiliaria a través de la señora Fernenbug.
Lo cierto, finalmente, es que el dinero provenía de una sociedad costarricense cuyos accionistas eran una empleada de limpieza y un guardia de seguridad del estudio de abogados que la constituyó. Así, desafiando la vacua amenaza de Toledo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de retirarse de la política si se demostraba que constituyó una empresa en Costa Rica o que fue él quien compró los inmuebles, aparecieron por entonces no solo el abogado que había constituido Ecoteva a declarar que había actuado por encargo expreso del ex presidente, sino también el corredor inmobiliario que había vendido la casa en Casuarinas, con correos electrónicos que demostraban la participación directa de Eliane Karp en la transacción; el vendedor de la oficina de Surco que confirmó que Toledo había visitado varias veces el inmueble y negociado el precio; y el récord migratorio que constata que ex presidente estuvo en Costa Rica en los días cercanos a la constitución de la empresa.
La situación de la ex pareja presidencial se empantanó aún más frente a las revelaciones de que el dinero usado para pagar las hipotecas de sus casas en Camacho (La Molina) y en Punta Sal (Tumbes) proviene de “fondos cuyo origen lícito se desconoce”, según la Fiscalía. Y si bien los bienes inmuebles parecen haber sido el talón de Aquiles de la red de amigos, familiares –y poco más que desconocidos– vinculados a Ecoteva, las bondades de la compañía basada en Costa Rica no acabarían ahí. De acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los gastos de la tarjeta de crédito de Eliane Karp también habrían sido financiados con dinero de la misma empresa.
Frente a todo este tinglado, la semana pasada el ex presidente fue acusado por la Fiscalía, junto con su esposa, Josep Maiman y otras dos personas, ante el Poder Judicial. La denuncia fue tomada por el 16 Juzgado Penal Provincial de Lima, instancia que tiene hasta fines de abril para archivarla, devolverla, o abrir instrucción. Confrontado con las desavenencias y contradicciones del ex presidente, y para elucidación a la opinión pública, el canciller von Bismark podría hacer uso de otra de sus frases: “Es un gran mal de todo hombre el de no saber decir con resolución sí o no”.