Editorial El Comercio

A casi todos los presidentes del Perú les ha tocado por lo menos una crisis grave causada por factores externos a su control. La crisis financiera del 2008, el fenómeno de El Niño costero del 2017 y la aparición del COVID-19 han sido algunas de las situaciones más apremiantes de esta naturaleza que el país, con sus fortalezas y debilidades, ha tenido que enfrentar.

La administración del presidente encara ahora otro momento histórico complicado: un incremento inflacionario global de niveles que no se registraban desde hace cuatro décadas, acoplado con la desaceleración del crecimiento de los principales países del planeta. De acuerdo con cifras recientes del Banco Mundial, el PBI global crecería apenas 2,9% en el 2022, bastante por debajo del 4,1% proyectado a inicios de año. “Como resultado de los daños derivados de la pandemia y la guerra, este año, el nivel de ingreso per cápita de las economías en desarrollo se ubicará casi un 5% por debajo de su tendencia previa a la pandemia”, menciona el ente internacional en un comunicado de junio.

En el frente local, también hay reducciones en el estimado de crecimiento económico para el 2022. De acuerdo con el último “Reporte de Inflación”, publicado por el el viernes pasado, la economía peruana se expandiría 3,1% este año, frente al 3,4% que se estimaba en marzo. La explicación no se halla únicamente en el menor empuje externo, sino en “la menor producción de los sectores primarios, especialmente de minería (por la paralización de las operaciones de Las Bambas y Southern) y agricultura (por el impacto del alza del precio de los fertilizantes sobre la producción)”, de acuerdo con el BCR.

¿Está en condiciones el gobierno del presidente Castillo de enfrentar un escenario económico más difícil? En lo que respecta al sector minero, el Ejecutivo, lejos de promover más inversiones, transmite más bien la impresión de estar forzado a apenas tolerar la actividad. Su capacidad para resolver conflictos sociales ha sido sumamente precaria, cuando no indolente, y la incertidumbre que rodea los proyectos es grande. Una vez que culmine este año la construcción del proyecto Quellaveco, en Moquegua, no hay nuevos proyectos de envergadura para ocupar su lugar, de modo que la inversión en el sector caería casi un 16% en el 2023. En un contexto de precios de cobre aún altos, esa es una enorme oportunidad perdida.

En cuanto a la agricultura, luego de un fallido primer intento por adquirir fertilizantes, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) eligió la semana pasada a la empresa brasileña MF Fertilizantes para que provea urea con miras a la cosecha agrícola 2022-2023. Aun con esa disponibilidad adicional, en caso se concrete, es muy posible que algunos precios de alimentos continúen altos o sigan subiendo en los próximos meses. Con cinco ministros en menos de un año, la política agraria del Gobierno –uno de sus caballos de batalla durante el proceso electoral– continúa a la deriva.

Así, factores externos e internos podrían empezar a complicar la situación económica nacional más rápido de lo anticipado, y el Gobierno –que a duras penas logra mantenerse en pie con el paso de los meses– no parece estar en condiciones de enfrentar un escenario económico adverso que, en parte, ha sido su propia cosecha. Como con los presidentes que lo precedieron, la historia juzgará con atención la manera en que el presidente Castillo y su equipo enfrentarán los momentos más difíciles que se vienen.

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