Editorial: Cuando tantos deben tanto a tan pocos

La recaudación de impuestos caerá en 8,4% este año, según la Sunat. Eso quiere decir que el fisco contará con unos S/.13 mil millones menos para cubrir las distintas necesidades en el año del retorno de un fenómeno de El Niño de los más grandes de las últimas décadas.

Es fundamental recuperar la recaudación, pero debe hacerse sin generar una restricción para la actividad productiva. Una visión exclusivamente fiscalista irá a buscar los recursos faltantes en los contribuyentes que cumplen y que constituyen la parte formal de la producción. Eso, como es obvio, tendrá un efecto contraproducente, al complicar la operación de quienes son la fuente habitual de recaudación.

Es imprescindible pasar de la visión fiscalista a la de las causas económicas del problema. Buena parte de la caída se debe a la baja en la cotización de los minerales, del gas y del petróleo. Si la fiscalización se concentrara en los contribuyentes de estas actividades, no obtendrá muchos más recursos y, al contrario, reducirá los incentivos a aumentar la producción.

Pese a la baja en las cotizaciones, un aumento en la producción minera puede compensar o, al menos, moderar la caída de la recaudación. El actual gobierno no está enfocado en eso. Prefiere, por lo que se ve, afinar sus instrumentos de fiscalización en relación con los principales contribuyentes.

No es malo, por supuesto, que la Sunat busque una eficiencia técnica en la búsqueda de la evasión o la elusión tributarias. Al contrario, debe felicitarse el empeño de la Sunat por detectar y castigar a quienes burlan la ley y la obligación fiscal, como es el caso de las facturas falsas o la “venta” de facturas de bienes y servicios fantasmas. Unos S/.3.000 millones en crédito tributario corresponderían a devoluciones del Impuesto General a las Ventas (IGV) indebidas. Esto no es parte de la informalidad, sino de la criminalidad franca e impune. Esta es una tarea esencial de fiscalización.

Estas labores de fiscalización, sin embargo, deben obedecer a una estrategia para aumentar el universo de contribuyentes. Eso solo se logrará incorporando a nuevos agentes de la producción y formalizando a los que trabajan y producen fuera de la ley, pero sin recurrir a métodos criminales.

El punto clave es que buena parte del financiamiento público actual recae sobre un número absurdamente pequeño de contribuyentes. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), hay más de 7 millones de unidades productivas operando en el país. Sin embargo, según la Sunat, menos de 300 empresas han aportado el 46% de todo lo recaudado por Impuesto a la Renta de tercera categoría en lo que va del 2015.

Esta concentración en pocos contribuyentes grandes y formales explica que la carga tributaria que soportan, como proporción de sus ingresos y utilidades, sea enorme. Después de todo, estas empresas deben pagar por los servicios públicos –justicia, seguridad, educación estatal, transporte, etc.– que usan todos los ciudadanos, contribuyan con el fisco o no. Así, según la Cámara de Comercio de Lima, la presión tributaria sobre el sector formal asciende a 39,8%, el porcentaje más alto de América Latina. La calidad de los servicios que reciben los contribuyentes por sus impuestos, además, dista de ser la adecuada.

Es momento de replantear las políticas de formalización, en las que el aspecto tributario sea parte de un complejo de incentivos. La tecnificación electrónica de la fiscalización, que ayuda a detectar inconsistencias de evasión, debe incorporarse a un ambicioso plan de aumento masivo del universo de contribuyentes.

No se trata, por supuesto, de favorecer a nadie con medidas especiales o tratamientos diferenciados. Al contrario, el sistema debe caminar hacia la reducción de las exclusiones, los privilegios y las exoneraciones. Solo por esa vía se puede llegar a una reducción de tasas que tenga como resultado el aumento de la recaudación global y una distribución más justa de los costos de vivir en sociedad.