Editorial: Los delitos privados existen

Que la señora Nadine Heredia mintió sobre la propiedad de las agendas que se le atribuían es un hecho ya establecido, cuyo alto costo político solo empezaremos a dimensionar con precisión con las próximas encuestas de popularidad.

Semejante descrédito, sin embargo, parece ser un trago amargo que la primera dama ya tiene asumido y que, urgida por los inminentes exámenes grafotécnicos, decidió apurar la semana pasada. Pero, en su afán por aplicarle a la situación algún control de daños, ha incurrido en una falacia que vale la pena desbaratar por las implicancias que pudiera tener para el futuro.

“Nada de estas agendas o documentos pertenece a los años que viene ejerciendo [su cargo] el presidente de la República. No se trata de manejos, ni de pensamientos, ni de ideas, ni fondos del Estado. No tienen nada que ver con corrupción dentro del Estado. Son manejos privados. No hay delito de lavado de activos, no hay nada: son documentos privados”, sentenció ella ante la prensa el viernes pasado.

Y de sus palabras parecería derivarse la conclusión de que los delitos solos son tales en nuestro ordenamiento legal cuando está de por medio la función pública, lo que constituye un planteamiento bastante descabellado. Los delitos ‘privados’, como es obvio, existen.

De ahí a asumir que los contenidos de las agendas prueben que ella ha cometido alguno, sin embargo, hay un salto considerable. Para empezar, el que las libretas sean de su propiedad no quiere decir que todos los apuntes que allí figuran sean de su puño y letra. Otras personas podrían haber escrito también en esas páginas antes o después de que la primera dama las perdiera. 

Y, en segundo lugar, aun si se demostrase que determinados apuntes sobre temas espinosos corresponden a su letra, faltaría probar también que tales anotaciones tuvieron algún correlato en la realidad. Porque alguien puede escribir en un cuaderno que se ha traído las joyas de la corona británica de contrabando y si luego resulta que estas nunca se movieron de la Torre de Londres, no puede haber presunción de delito alguno.

Hechas estas salvedades, no obstante, cabe señalar que las agendas sí contienen apuntes que podrían dar indicios de la comisión de algunos delitos. En ellas, como se sabe, se habla de US$3’624.000, cuyo origen y destino final no son claros (aunque se presume que parte de ellos podría haber ido a parar a las arcas del Partido Nacionalista), por lo que el lavado de activos, la defraudación tributaria y el financiamiento político encubierto son posibles y merecen ser investigados. Máxime cuando, en fechas comprendidas también en el arco de tiempo que abarcan las libretas, existió un trasiego de dinero a las cuentas de la señora Heredia a través de ‘depósitos hormiga’, habituales en los intentos de evitar los radares fiscales y legales en los delitos arriba consignados.

Por otra parte, están también las irregularidades que podrían derivarse de algunas anotaciones referidas a manejos judiciales. Así, por ejemplo, entre los apuntes de una de las agendas se lee: “Juez se puede escoger”, en aparente referencia al magistrado que vería el hábeas corpus que buscaba liberar a Ollanta Humala del juicio en el que se lo acusaba de ser el autor mediato del ‘andahuaylazo’.

Como se recuerda, en el 2008 el juez suplente Edwin Yalico declaró este hábeas corpus fundado. Y una vez que Humala llegó al poder, Yalico fue contratado como asesor en el Ministerio de la Producción, después en el de Defensa y, por último, en la oficina del nacionalista José Antonio Urquizo en el Congreso. Una coincidencia que llama a preguntarse por la eventualidad de una relación causa-efecto entre una cosa y la otra. 

Las libretas presentan, asimismo, indicios de una posible manipulación del sistema de justicia. Así, hay anotaciones que hablan de presuntas reuniones de congresistas nacionalistas con miembros del Tribunal Constitucional, así como de reuniones de un personaje conocido como ‘Ojitos’ con miembros de la Corte Suprema (que veían el Caso Madre Mía).

No puede ser pasada por alto, finalmente, la anotación: “Planeamiento de captar gente en el Poder Judicial”, que parece un programa de actividades indebidas; sobre todo si en la supuesta captación se hubiera ofrecido dinero o favores políticos posteriores como contraprestación por algunas indulgencias.

Una serie de elementos indiciarios de delitos, en suma, que no merecen ser desatendidos porque correspondan a un tiempo en el que el nacionalismo todavía no había asumido el gobierno. Particularmente, si aparecen en documentos sobre cuya propiedad tanta energía se gastó mintiendo.