Editorial: Desempleo en campaña

Es positivo que en la campaña electoral de cara a la segunda vuelta surjan discusiones sobre asuntos que tienen un impacto directo en buena parte de la población, en lugar de girar sobre acusaciones vacías entre los candidatos. La reciente sobre la posible sustitución de la compensación por tiempo de servicios (CTS) por un seguro privado de desempleo es un buen ejemplo. 

Antes de discutir los méritos o limitaciones de ambos sistemas, es importante destacar que ni uno ni el otro respetan cabalmente la libertad individual de cada persona para hacer el mejor uso de su dinero. Al igual que en el sistema de ahorro obligatorio que opera a través de las AFP y la ONP, la CTS y el seguro de desempleo fuerzan a los trabajadores a disponer de un porcentaje de su sueldo en preparación para un eventual período sin ingresos.

Pero lo cierto es que no todas las personas tienen la misma aversión al riesgo ni las mismas preferencias temporales sobre el uso de sus recursos. Algunas pueden necesitar ese dinero extra, del que no podrían disponer, para pagar un tratamiento médico urgente, para un curso de capacitación laboral que mejore su remuneración futura, para adquirir una vivienda o, simplemente, para mejorar su calidad de vida diaria. El Estado, para proteger a la personas de sus propias decisiones, presume que sabe mejor que ellas qué les conviene y cuánto deben ahorrar en caso de perder el puesto de trabajo. Los padres de la patria, en este caso, se tomaron demasiado en serio la expresión.

De cualquier modo, si el paternalista aporte obligatorio para casos de desempleo ha de ser mantenido, lo más conveniente sería optar por un esquema de seguro de desempleo. Las razones son dos principalmente. La primera es que, en caso se le dote de una buena estructura financiera, el seguro podría resultar más barato a largo plazo que mantener varios meses de sueldo congelados en una caja municipal o banco comercial. La segunda es que el seguro, siendo menos oneroso, podría ayudar a reducir los sobrecostos laborales que inciden directamente en los altos niveles de informalidad que tiene el Perú. 

Existe, no obstante, un alto riesgo con la adopción del seguro. Si bien el equipo de Peruanos por el Kambio (PPK) se ha esforzado en detallar su funcionamiento, aún no queda del todo claro que este vaya a ser suficientemente atractivo para las compañías aseguradoras y que, por tanto, el sistema vaya a ser sostenible por sí solo.

En caso no logre esto último, está el riesgo de que sea el Estado el que, con el dinero de todos los contribuyentes, cubra el diferencial para pagar a quienes han tenido o tienen el potencial para estar empleados en el sector formal durante su período sin trabajo. Es decir, las transferencias que salen del fisco irían para el beneficio de una clase relativamente privilegiada de ciudadanos: los trabajadores formales. Algo no muy distinto sucede ya con las transferencias del Tesoro Público hacia la ONP.

En conclusión, si la eliminación de todo sistema de ahorro compulsorio no es políticamente viable por el momento, la mejor alternativa sería el paso hacia un seguro privado de desempleo bien diseñado. Y en este punto, la crítica de Keiko Fujimori a la propuesta de PPK parece no tener más sustento que el de una proclama populista, que descarta una mejor solución solo con el objetivo de restarle votos a su contrincante. 

Populismo en el que cae nuevamente PPK, cuando, primero, su jefe de plan gobierno, Alfredo Thorne, contradice este documento que proponía reemplazar la CTS para nuevos trabajadores por el seguro de desempleo y plantea después sumar ambos instrumentos. Y luego, cuando Juan Sheput lo corrige para decir que el seguro será opcional. Despropósitos por donde se mire. El primero, técnico, por los sobrecostos que genera. Y ambos, políticos, por las contradicciones que añaden a una vacilante campaña.