(Foto: Congreso)
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Editorial El Comercio

La Junta de Portavoces que tendrá lugar hoy en el Congreso incluye en su agenda un proyecto de ley para permitir que los afiliados al sistema de AFP puedan retirar “por única vez” hasta el 25% de su fondo personal en medio de la situación de emergencia que se vive por la epidemia del coronavirus en el país. Nueve bancadas han anunciado ya su respaldo a la iniciativa, e incluso algunos parlamentarios de bancadas que no están a favor de ella –como la del Partido Morado– han colocado su firma en el documento que la registra.

Si consideramos, además, que el Frente Amplio no apoya la medida solo porque es partidario de una más radical (que los fondos susceptibles de ser liberados lleguen hasta el 95% del total), la posibilidad de que el proyecto se convierta en ley no luce nada remota. Y, contra lo que muchos piensan llevados por un “sentido común” poco informado, eso sería una muy mala noticia.

Junto con otra disposición que se refiere a la compensación por tiempo de servicios, la norma en ciernes pretende “salvaguardar la economía familiar y dinamizar la economía nacional, contrarrestando los efectos económicos negativos generados por el estado de emergencia nacional”. En otras palabras, poner ahora en los bolsillos de un buen número de gente dinero que a la larga llegaría allí de todas maneras porque le pertenece. Después de todo, tiende a pensarse, ¿en qué momento podría resultar la disponibilidad de esos fondos más útil que en esta hora de necesidad?

La llaneza de esa forma de enfocar la situación, sin embargo, ignora varios problemas que, en muy breve plazo, producirían el efecto exactamente inverso al que se busca. El dinero de los aportes a los fondos de pensiones está, como se sabe, invertido en instrumentos financieros de distinta naturaleza (acciones, bonos, vehículos de bienes raíces, etc.) que, al incrementar su valor en el mercado, incrementan también el monto que el aportante tendrá a su disposición el día que se jubile. Retirarlos antes de tiempo entonces, aunque sea parcialmente, afecta de manera directa ese propósito.

Por razones obvias, esos valores se encuentran ahora en su peor momento y, en consecuencia, si las AFP tuvieran que venderlos para entregar inmediatamente el 25% de su fondo a cada afiliado, lo harían a un precio muy castigado (es decir, los malbaratearían), perjudicando al supuesto beneficiario final. Es como si a alguien lo obligasen a vender su casa en medio de una recesión…

Adicionalmente, si todos venden al mismo tiempo –que, como es previsible, es lo que sucedería–, los precios caerían aún más de lo que ya han caído, convirtiendo el dinero a recibir en la cuarta parte de muy poco. Todo esto para no hablar del riesgo de traerse abajo la bolsa con una corrida como esa.

En realidad, lo que se estaría haciendo, pues, es desfondar la pensión que cada aportante ha estado acumulando desde que se incorporó al sistema.

Este objetivo, no obstante, se pierde de vista con facilidad o es eclipsado por la perspectiva de obtener muy pronto soles contantes y sonantes de retorno. Un cortoplacismo estimulado irresponsablemente por los congresistas que promueven la iniciativa, ya sea porque quieren sintonizar con una demanda popular sin importarles las consecuencias que eso traerá en el futuro cercano o porque no les apetece realizar el esfuerzo de seguir una línea de razonamiento algo más elaborada que aquella que usualmente los mueve a convertir un impulso que se les antoja inspirado en proyecto de ley.

Basta revisar los supuestos análisis costo/beneficio con los que suelen acompañar sus iniciativas legislativas para comprobarlo.

Ayer, en un aparente intento por frenar la viada política con la que la norma que aquí discutimos avanza hacia su materialización, el Ejecutivo autorizó el retiro de hasta S/2.000 de las AFP para las personas que no hayan realizado aportes en los últimos 12 meses. Pero para apagar las brasas de la fiebre populista hacen falta algo más que placebos.

Ojalá nos equivoquemos y un repentino brote de responsabilidad se apodere mañana de la mayoría de bancadas que conforman la actual representación nacional.

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