Editorial: Desidia y burocracia

La comisaría de San Cayetano, en El Agustino, está a 159 metros del edificio en el que Jesica Tejeda Huayanay y tres de sus cuatro hijos fueron asesinados por Juan Huaripata Rosales. El camino toma poco menos de dos minutos a pie para quien no tiene prisa. Esa noche, sin embargo, a pesar de la insistencia de los vecinos –que repararon en que algo andaba mal por los gritos que salían del lugar–, la policía no logró evitar que la víctima se sumara a la larga lista de feminicidios (165, según cifras oficiales) cometidos en nuestro país este año.

Según los testimonios de los presentes en la escena del crimen, la policía fue alertada de lo que ocurría a las 4:09 a.m., pero un agente recién subiría al lugar de los hechos a las 4:40 a.m. Para ese entonces Jesica agonizaba, la casa se incendiaba y el asesino había huido. Eventualmente se le capturaría, pero gracias a las acciones de un grupo de jóvenes vecinos que lo redujeron pensando que se trataba de un asaltante.

Así las cosas, el caso de Jesica, además de recordarnos que los feminicidios siguen siendo un problema que estamos lejos de solucionar, es el de una institución que, como muchas en el Perú, no logra cumplir a cabalidad con las responsabilidades mínimas que tiene para con los ciudadanos. Y es que si bien poco después de lo ocurrido 34 policías de la comisaría de San Cayetano fueron relevados de sus cargos, la medida se saborea insuficiente frente a un problema que se reconoce mayor: el pobre compromiso de muchos servidores públicos, y en particular de la policía, por mejorar y facilitar la vida de los peruanos.

Hace unos meses, como parte de su campaña #EstoyAlerta, este Diario ofreció otro ejemplo bastante claro de este trance. Uno de nuestros periodistas rastreó su bicicleta robada empleando un GPS que esta tenía implantado. Asimismo registró la manera en la que su denuncia fue procesada por las autoridades. Pero la policía reaccionó con letargo, incluso pidiéndole a la víctima que obtuviera las imágenes de las cámaras de vigilancia de donde ocurrió el hurto. Así, a pesar de haber dado cuenta del crimen de manera oportuna y de haber tenido evidencias claras del paradero del vehículo, este no fue recuperado por las fuerzas del orden y el afectado nunca supo los resultados de la investigación que supuestamente debía ser emprendida.

El problema es que no se trata de casos aislados. En el país, quien es víctima de un crimen no solo debe estar preocupado por el delincuente, sino también por la desidia de quienes tienen la obligación de detenerlo. Ante ello se hace harto comprensible que en todo el país, según cifras del INEI, solo el 16,8% de las víctimas de algún delito lo denuncie y que el 32,8% de estas justifique esta actitud argumentando que hacerlo es una pérdida de tiempo.

Pero la Policía Nacional no es la única entidad estatal en la que la burocracia y el letargo de los servidores públicos dificultan la solución de los problemas de los ciudadanos. En el sector Salud, por ejemplo, estas variables conspiran con la falta de infraestructura y desembocan en una atención poco eficiente (pacientes que deben esperar horas para ser atendidos, centros de salud sin camas, etc.). En gran medida esto tiene que ver con un problema de gestión, como señaló el contralor Nelson Shack en agosto de este año. En otras palabras, con situaciones que podrían y deberían ser remediadas administrando los recursos existentes de mejor manera y poniendo en evidencia todas las carencias que puedan haber.

El Poder Judicial, por su parte, también ofrece su propia cuota de ineficiencia a costa de los ciudadanos. Son miles los peruanos que deben enfrentar procesos extensos y engorrosos gracias a un sistema que, con el paso de los años, solo colecciona casos que no ven solución. Por ejemplo, como mostramos en nuestro documental “Justicia de papel”, se estima que para el bicentenario la carga procesal superará los cuatro millones de expedientes sin resolver…

En suma, es evidente que en nuestro país es urgente que el Estado se renueve para poder cumplir con el compromiso de servir adecuadamente al ciudadano. La tarea recae en quienes lideran las instituciones que componen nuestro sector público, pero también en nuestros políticos y las reformas que puedan emprender. Sin duda, algo para tomar en cuenta en las próximas elecciones.