Editorial: Diez años atrás

Como se recuerda, Verónika Mendoza renunció en junio del 2012 a la bancada del Partido Nacionalista porque el gobierno encabezado por Ollanta Humala se había alejado “de los objetivos y de los principios de la Gran Transformación”, el plan de gobierno original de Humala para las elecciones generales del 2011, que tuvo que reemplazar por “la hoja de ruta” para conseguir el apoyo en las urnas que requería para ganar la segunda vuelta de dichos comicios.

Por ello, no debería sorprender que el plan de gobierno del Frente Amplio (FA), partido que postula a la señora Mendoza, se asemeje al plan que originalmente propugnaba Humala –pese a que con ello descartaría ya el calificativo de ‘izquierda moderna’–. Lo que sí llama la atención, sin embargo, es el nivel de coincidencias programáticas con la “Gran –y más radical– Transformación” que enarbolaba Humala en el 2006. 

La superación del “modelo económico extractivista primario exportador”, del “patrimonialismo” y del “enfoque neoliberal [...] que ha caracterizado las políticas” del Perú son algunos de los postulados del plan del FA. La agrupación que lidera la señora Mendoza –al igual o incluso más que la versión de Unión por el Perú (UPP) que postuló a Humala en el 2006– no anda con remilgos al momento de enfrentar el sistema de libertad económica que el Perú viene aplicando exitosamente los últimos 25 años.

En lo que refiere a políticas comerciales, por ejemplo, el plan del FA revive las ideas del 2006 de revisar los tratados de libre comercio ya aprobados y ratificados por el Estado, imponer salvaguardias a los productos agrícolas importados, y añade el restablecimiento de la franja de precios para productos como maíz, azúcar y lácteos. Una clara señal del poco aprecio que guarda el FA para la apertura comercial, pese a los beneficios que ha traído tanto para exportadores como para el consumo interno.

En otros casos, incluso el programa del FA del 2016 va más allá que el de UPP de hace diez años. Ahí está, por ejemplo, la propuesta del FA para “reducir la tasa de interés de referencia” del Banco Central de Reserva (BCR) para “generar condiciones de mayor acceso al crédito para actividades productivas”, una abierta intervención del Ejecutivo en la autonomía de quizá la institución económica más relevante del país. A pesar de que el plan de gobierno de UPP en el 2006 tenía una sección de política monetaria y cambiaria, en ningún momento pretendió ordenar –directa o indirectamente– las acciones del banco. El Perú y otros países de la región conocen muy bien lo que sucede cuando consideraciones políticas se hacen espacio en las decisiones del ente emisor.

Las libertades de prensa y expresión tampoco gozan de una mejor situación en el programa del FA cuando es comparado con el de UPP del 2006. El ex partido del actual gobernante, tenía, ciertamente, curiosas maneras de referirse a los medios de comunicación (“aparato oligárquico de dominación ideológico-cultural”), pero no proponía directamente coartar sus libertades. El plan del FA, en cambio, plantea no solo crear un organismo regulador de medios capaz de imponer sanciones, sino también establecer límites a la propiedad de los medios y redibujar el espacio radioeléctrico para dar cabida a “emisoras comunitarias”, entre otras ideas de similar matiz.

Si bien en algunos aspectos, como las fallidas políticas de estatización, el programa de gobierno del FA no es igual de radical que las “grandes transformaciones” que proponía Humala en el 2006 y el 2011, el simple hecho de que en otros puntos –algunos de crucial importancia– la señora Mendoza y su equipo sean tan o más temerarios que el Ollanta Humala que conocimos en la campaña del 2006 debería ya ser señal de franca preocupación.