Editorial: El atropello perpetuo

Un último episodio de atropello a una inspectora de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ocurrido este sábado ha servido para recordarnos el inverosímil desborde de todo asomo de legalidad o siquiera racionalidad al que hemos llegado en el país con relación al problema de las llamadas ‘combis asesinas’.

El hecho se produjo en las inmediaciones del paradero Puente Nuevo, en El Agustino. Con el evidente propósito de evitar una intervención fiscalizadora, el chofer de la unidad C1Q-372, que tenía más de S/163 mil en papeletas sin pagar, arrolló a la inspectora Jackelin Rosales Ramírez y decidió fugarse por la Vía de Evitamiento. Durante un minuto y 20 segundos, entonces, varias unidades policiales y de serenazgo lo persiguieron, cerrándole el paso en repetidas oportunidades. Pero el conductor, que responde al nombre de Alberto José Bermúdez González, ejecutó una maniobra temeraria tratando de resistirse a la detención, hasta que ello ya no le resultó posible.

La detención reveló una realidad asombrosa: Bermúdez González no tenía licencia de manejo, la unidad en cuestión carecía de revisión técnica y dos órdenes de captura pesaban sobre ella. No tenía, además, la referida combi ni ruta definida ni permiso para operar.

Lo más pasmoso de todo, sin embargo, es que las estadísticas muestran que el caso aquí expuesto no es insólito ni excepcional. De acuerdo con la misma ATU, solo en los últimos cuatro meses han ocurrido 26 accidentes e incidentes relacionados con fiscalizadores registrados.

Las preguntas que esta situación plantea son, desde luego, varias. Pero quizás lo que más desconcierte es la circunstancia de que las papeletas no cumplan función disuasiva alguna y puedan permanecer impagas por tanto tiempo. Pues bien, como lo viene explicando desde hace algunos años nuestra campaña #NoTePases, un chofer puede impugnar una papeleta hasta en cuatro oportunidades en nuestro sistema administrativo y judicial, con lo cual esta puede quedar entrampada hasta por cinco años… a pesar de que su tiempo de prescripción es de cuatro. Esto, de paso, arroja luces sobre las razones de la existencia de una extensa red de abogados especializada en dilatar tales procesos.

Por otra parte, en lo que concierne a la sanción en las licencias de conducir de los infractores, hay un problema derivado de que solo las multas que impone la policía restan puntos en la licencia de conducir, a diferencia de las que imponen los fiscalizadores del transporte público y de carga. Estos últimos emplean un reglamento con multas solo dirigidas al vehículo, que no afectan el historial del conductor. El problema es que las acciones de la PNP se concentran generalmente en los vehículos particulares, pues hace unos años esta institución perdió facultades para fiscalizar el transporte público.

A ese cuadro hay que agregarle el ingrediente de la vocación populista que suele manifestarse en el Congreso cuando de legislar sobre esta materia se trata. Meses atrás, por ejemplo, se presentaron dos proyectos de ley que buscaban extender automáticamente los permisos de las combis de Lima y Callao por 6 y 10 años, respectivamente. El primero, impulsado por el representante de Fuerza Popular Marcos Pichilingue, acabó por ser retirado; y el segundo, obra del acciopopulista Luis Carlos Simeón Hurtado, fue modificado luego de escuchar a los técnicos de la ATU y el MTC. Pero la voluntad de prolongar un inaceptable orden de cosas por conveniencia política estuvo y está a la vista.

La historia de esta desidia de ribetes mortales de parte de las autoridades es, pues, larga y desalentadora, pero el contexto de una campaña electoral podría ser la ocasión ideal para ponerle freno. En realidad, los usuarios –y potenciales víctimas– de este sistema de transporte son muchos más que los dueños y choferes de las unidades, y por eso atender sus demandas debería ser para los candidatos presidenciales mucho más atractivo que satisfacer las del grupo de interés organizado en torno a las combis. Bastará, entonces, que uno lo sugiera para que los otros se vean obligados a competir con esa propuesta.

¿Tendrá alguno de ellos la visión política de hacerlo? Ojalá que sí, porque de otro modo seguiremos siendo atropellados.