“Una de nuestras prioridades desde el inicio fue combatir la corrupción, una corrupción que se lleva al bolsillo de particulares entre S/10 y S/12 mil millones al año” decía el entonces presidente Martín Vizcarra en marzo del 2020 mientras hacía un balance de su segundo aniversario en el cargo. Ahora hay testimonios que señalan que el dinero de la corrupción también ingresaba a sus bolsillos, los “de su saco y su pantalón”, para ser más específicos.
Así lo ha señalado Fernando Castillo Dibós, exgerente general de ICCGSA, que compareció el lunes en el juicio que se le sigue al exmandatario por el pago de sobornos acordados cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. En el caso de la mencionada constructora, esta se asoció con Incot en el 2013 para ganar la buena pro del Hospital de Moquegua, un proyecto por el que Vizcarra habría solicitado una coima de S/1,3 millones. Ya la semana pasada, el exministro de Agricultura José Manuel Hernández había declarado que él había sido el nexo entre los empresarios y el político para el pago de dicho soborno. Dos días atrás, tres empresarios de ICCGSA respaldaron sus afirmaciones.
Aparte de Castillo, Rafael Granados, gerente comercial de la firma, y Javier Jordán, exgerente técnico y representante legal de la misma, hablaron ante el juzgado. Según ellos, la coima de S/1,3 millones solicitada por Vizcarra se pagó en ocho armadas: las seis primeras, a través de Hernández, por S/1 millón; y las dos últimas, entregadas directamente por Castillo y Granados al expresidente, por un total de US$90.000. Justamente fue en la última de estas entregas en la que Castillo –contó– le dio US$60.000 a Vizcarra cuando ya era ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y vio cómo se metía el dinero al bolsillo “de su saco y su pantalón”.
Cabe destacar que Castillo, Granados y Jordán son colaboradores eficaces cuyas pruebas han sido corroboradas por el Poder Judicial, por lo que contra ellos –al igual que contra el exministro Hernández y contra los directivos de Obrainsa– no funciona el argumento favorito de Vizcarra de que se trata de acusaciones sin fundamento. Quizás por ello el abogado del expresidente ha optado por resaltar que los directivos han sido implicados en el Caso ‘Club de la Construcción’, tratando de desmerecer sus afirmaciones. Sin embargo, hay que recordarle que quienes tienen condición de colaboradores eficaces lo son justamente porque han cometido delitos.
Lo importante aquí es que sus afirmaciones son coherentes con las de Hernández y otras pruebas aportadas en el proceso. Y que cada vez queda más claro que el expresidente que tanto hablaba de luchar contra la corrupción tenía los bolsillos maculados.
Lima
