El verdadero ambiente propicio

Casi dos semanas han pasado desde que el legislador Freddy Díaz (ex Alianza para el Progreso) fue denunciado por una trabajadora de su despacho congresal por violación, y el avance en la investigación y eventual sanción del caso ha sido pasmosamente lento. Como se recuerda, de acuerdo con la denuncia, los hechos se produjeron el 27 de julio en una oficina de las instalaciones parlamentarias del jirón Azángaro. La mencionada trabajadora declaró ante la policía que había estado esa madrugada tomando alcohol y conversando sobre asuntos laborales con Díaz, y que luego este la violó.

De hecho, un video registrado en la fecha ha mostrado al congresista retirándose de su oficina y dejando a la presunta víctima encerrada en el lugar a pesar de los reclamos de otro trabajador que se hallaba fuera del despacho y que sería quien después se encargó de rescatar a su compañera.

Es de notar que, en los días posteriores a la denuncia, el legislador en cuestión estuvo no habido y que solo se presentó ante el Ministerio Público el 1 de agosto para entregar su pasaporte. Desde entonces, como decíamos, las reacciones de las autoridades han sido escasas y morosas. Díaz fue expulsado de Alianza para el Progreso (APP); a pedido de la fiscalía, el Poder Judicial le dictó un impedimento de salida por nueve meses, y dos procesos han comenzado a tomar forma en el Parlamento: la formulación de un informe de calificación del caso en la Comisión de Ética y una denuncia constitucional planteada por la representante Patricia Chirinos (Avanza País) que en algún momento tendrá que ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Entretanto, el congresista ha seguido con su rutina parlamentaria como si nada hubiese ocurrido. La semana pasada, sin ir más lejos, votó en el pleno cuando se le negó al presidente Pedro Castillo la autorización para viajar al cambio de mando en Colombia. Entre la representación nacional, a decir verdad, parecería haberse instalado una desidia y hasta una embozada tolerancia a propósito del delito en el que habría incurrido uno de sus integrantes. Eso, por cierto, es lo que sugieren los comentarios que vertieron sobre el particular los congresistas Héctor Acuña (“No me imagino cómo se siente mi colega”) y Wilmar Elera (“Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en un espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio [para la violación]; sobre todo cuando empiezan a tomar licor”): observaciones que apuntan a solidarizarse con el agresor o a atenuar su falta antes que a mostrar rechazo por el abominable episodio.

Quizás la circunstancia que mejor grafica la flema con la que se han tomado las cosas en el Legislativo sean los tiempos que la Comisión de Ética se ha concedido a sí misma para pronunciarse sobre la materia. En lugar de declararse en sesión permanente, como la urgencia del caso demandaba, el referido grupo de trabajo aprobó recién ayer el informe de calificación que recomienda iniciar el plan de pesquisias contra Díaz, quien solo comparecerá el 22 de los corrientes a brindar su declaración. Así, a criterio de la presidenta de la comisión, Karol Paredes (Acción Popular), el informe final tardaría hasta el 26 de agosto para ser debatido y sometido a votación, antes de llegar al pleno. Es decir, un largo mes habrá transcurrido desde la presunta violación antes de que el acusado de ese crimen enfrente las primeras consecuencias. Tales consecuencias, además, no podrán suponer una sanción más severa que una suspensión por 120 días.

Distinto es el escenario en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que podría resolver su desafuero aun antes de que la justicia penal lo procesara, pero todo indica que las dinámicas en esa instancia a duras penas merecen ser llamadas así…

Si hay un verdadero “ambiente propicio” para que el pavoroso atropello que comentamos quede adormecido y amenace con, a la larga, ser pasado por agua tibia ese, pues, parece ser el Congreso.