A casi un mes de los comicios municipales, Lima Metropolitana sigue esperando resultados oficiales al 100%. Que la capital aún no tenga certeza formal sobre la conformación definitiva de su concejo retrata una parálisis institucional que el país no puede normalizar. Lo más grave no es solo el atraso acumulado, sino la indolencia con la que el propio sistema asume esta anomalía. Han pasado más de 26 días de los comicios y los resultados siguen sin ser oficiales.
A casi un mes de los comicios municipales, Lima Metropolitana sigue esperando resultados oficiales al 100%. Que la capital aún no tenga certeza formal sobre la conformación definitiva de su concejo retrata una parálisis institucional que el país no puede normalizar. Lo más grave no es solo el atraso acumulado, sino la indolencia con la que el propio sistema asume esta anomalía. Han pasado más de 26 días de los comicios y los resultados siguen sin ser oficiales.
Pretender que la ciudadanía aguarde más de un mes para conocer el desenlace oficial de una elección local como la de Lima Metropolitana resulta inaceptable. En el ente electoral se escudan en que no pueden resolver sobre supuestos ni pronunciarse sobre casos complejos hasta culminar el procesamiento total de los votos. Sin embargo, esa excusa elude el problema de fondo: por qué los Jurados Electorales Especiales operan con semejante letargo al evaluar las actas observadas e impugnadas. Esta burocracia sin sentido de urgencia ya se padeció en la primera y segunda vuelta presidencial de este año y hoy vuelve a entrampar el escrutinio limeño.
El contraste regional desbarata cualquier pretexto geográfico o logístico. Brasil, un país gigante y con un padrón inmenso, ya ha entregado dos resultados electorales completos en cuestión de horas en el mismo lapso en que el Perú aún no termina de contar los votos de su capital. Si la mayor nación sudamericana liquida su cómputo la misma noche del sufragio, es insostenible que nuestras autoridades electorales carezcan siquiera de plazos fijos para zanjar las actas pendientes.
Esta demora no es inocua. La falta de definiciones oportunas alimenta la incertidumbre, da cabida a suspicacias infundadas de los perdedores, desgasta la legitimidad institucional y recorta drásticamente el tiempo para una transición ordenada. Dilatar las proclamaciones hasta mediados de noviembre condena a las nuevas gestiones ediles a la improvisación administrativa a pocas semanas de asumir el cargo.
La lentitud demuestra que el diseño actual está agotado. Urge una reforma electoral que imponga plazos perentorios para resolver actas e impugnaciones, habilite más jurados según la carga procesal, simplifique los trámites de revisión y establezca una efectiva rendición de cuentas. Contar los votos a tiempo no es una concesión burocrática, sino un deber elemental con la democracia.
Mexico
