Editorial: El zarpazo a la Sunedu

La Ley Universitaria que años atrás creó la Sunedu y estableció cómo debía estar conformado su consejo directivo buscaba, entre otras cosas, velar por la calidad educativa de las universidades públicas y privadas del país: un bien que había venido deteriorándose severamente en las últimas décadas, a raíz de la proliferación de negocios que pretendían ser casas de estudio, pero difícilmente merecían ese nombre.

Para tal efecto, la norma dictó que el mencionado consejo estuviese integrado por siete miembros, encabezados por un superintendente designado por resolución suprema a propuesta del ministro de Educación. Los otros seis debían ser un representante del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) y cinco personas con grados de maestría o doctorado, seleccionadas mediante concurso público.

De este último grupo de miembros, dos debían provenir de las comunidades universitarias públicas y uno, de las privadas; pero no en representación de universidad específica alguna, sino como profesionales independientes. La idea era –y es todavía– que el consejo no estuviera teñido por los intereses de las instituciones a ser evaluadas. Es decir, que no terminara actuando como juez y parte en un asunto tan delicado.

Pues bien, la semana pasada, en medio de la tormenta política desatada por la llegada de un Gabinete que logró la difícil hazaña de ser tan malo o peor que los anteriores, el Congreso aprobó –en primera votación– una iniciativa que atenta directamente contra el propósito recién descrito. Con 69 votos a favor (provenientes de bancadas que van desde Fuerza Popular hasta Perú Libre), 39 en contra y dos abstenciones, la representación nacional, en efecto, dio la luz verde inicial a un proyecto para cambiar la composición del consejo directivo y volver a introducir en él los intereses de las universidades bajo supervisión.

La nueva ley propone que las universidades públicas tengan dos representantes en el consejo y las privadas, uno. Plantea, además, que al lado del representante del Concytec, tengan asiento en la entidad evaluadora uno del Sineace, uno del Ministerio de Educación y otro del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú, y que el superintendente no sea ya designado por el ministro del sector, sino elegido entre los miembros del consejo. Como es obvio, al tener tres de siete integrantes, las universidades estarían a un paso de alcanzar la mayoría, colocar a alguien afín a sus intereses a la cabeza y tomar el control de la Sunedu.

La iniciativa deberá pasar por una segunda votación esta semana, pero lamentablemente nada hace pensar que las bancadas que ya dieron su respaldo a esta intentona por dar marcha atrás en la reforma universitaria vayan a cambiar el sentido de su voto en esta segunda ocasión (de hecho, consumada la primera votación, la congresista Flor Pablo presentó un recurso para que esta fuera reconsiderada y el pleno la rechazó). Peor aún cuando, como hemos denunciado desde este Diario, al menos 25 legisladores tienen vínculos con universidades cuyo licenciamiento fue denegado por la Sunedu.

Así, si el pleno acaba confirmando en los próximos días su apoyo a la malhadada norma y el Ejecutivo no la observa, el único camino disponible para contrarrestar sus consecuencias será presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la misma: un recurso que solo podrían activar el presidente de la República (con aprobación del Consejo de Ministros), un grupo de congresistas que equivalga al 25% del número total de ellos o lo supere, el defensor del Pueblo, el fiscal de la Nación, los colegios profesionales y un número de no menos de 5.000 ciudadanos.

Es muy probable que alguna de estas vías sea emprendida si las cosas ocurren de la manera en que se anuncian, pero cabe recordar que, mientras dure el proceso y el Tribunal Constitucional tome una decisión al respecto, la ley estaría vigente con las consecuencias que ya hemos advertido: una responsabilidad que pesará sobre las espaldas de los partidos políticos de diversa procedencia ideológica que se han conjurado para darle a la Sunedu un zarpazo. Un zarpazo que el exdefensor del Pueblo Walter Albán elocuentemente ha descrito como “un problema de mafias”.