Editorial: En busca de aplausos

El inicio del presente ciclo parlamentario, valgan verdades, ha sido poco auspicioso. Las noticias de renuncias prematuras a bancadas y el desorden alrededor de la posibilidad de sesionar con el resto del país en cuarentena fueron apenas preludios.

El viernes pasado, el Congreso de la República asestó, de buenas a primeras, un golpe significativo sobre el sistema previsional, el sistema financiero y el marco institucional del país. Ese día se aprobó por amplia mayoría –107 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención– el proyecto de ley multipartidario que autoriza a los afiliados a las AFP a retirar, por única vez, hasta 25% de su cuenta individual. La disposición de fondos tendrá un tope de tres UIT (S/12.900), y cotizantes con ahorros menores a una UIT (S/4.300) podrán retirar todo.

Decimos que esto configura un golpe sobre el sistema previsional, en buena cuenta, porque les permite a los afiliados retirar sus ahorros precisamente cuando el valor de estos ha caído debido a los efectos globales del COVID-19. En todo el mundo, los ahorros para la jubilación están expuestos a bajones de los mercados financieros. Pero, transcurrido un tiempo luego de períodos malos, los fondos se recuperan y superan el valor anterior. Así ha sucedido en todas las crisis financieras. Sin embargo, al retirar las inversiones cuando su precio es bajo –como propone la iniciativa del Legislativo–, se impide que estas puedan rebotar. En otras palabras, se estarían malbarateando los ahorros de los trabajadores con el pretexto de protegerlos.

El golpe sobre el sistema financiero tampoco es menor. Para disponer del efectivo necesario para pagar a los afiliados que soliciten su 25%, las AFP tienen que vender parte de las inversiones que han realizado dentro y fuera del país. Dadas las enormes dimensiones de las que se habla, liquidar activos en el exterior podría traer presiones significativas sobre el tipo de cambio. Hacerlo en el mercado doméstico, al ser este pequeño y poco profundo, hundiría el precio del resto de los activos. Así, no solo se perjudican quienes retiran una parte de su fondo, sino todos los afiliados. Más aún, como expresó la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, al ser las AFP financiadoras del Estado Peruano a través de los bonos soberanos, la liquidación de estos activos debilita la posición económica del Gobierno precisamente cuando más la necesita para enfrentar los efectos de la crisis.

Finalmente, quizá el que más preocupe sea el golpe institucional. El Congreso ha aprobado una norma económica con aroma populista, aun en contra de la opinión técnica del MEF, del Banco Central de la Reserva, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la mayoría de economistas expertos. Si lo importante era salvaguardar los ingresos de las familias vulnerables con ahorros previsionales durante la emergencia actual, el MEF había aprobado ya el Decreto de Urgencia 034-2020, que atendía esa necesidad sin comprometer demasiado el valor de los ahorros de los afiliados ni la estabilidad económica del país.

El Gobierno puede ciertamente observar la norma, pero la posibilidad de que sea aprobada por insistencia es alta. En conjunto con la suspensión del cobro de peajes en todo el país, lo sucedido durante la sesión parlamentaria del viernes debe ser una campanada de alerta muy seria sobre lo que está dispuesto a aprobar este Congreso para ganar una ronda de aplausos. Con errores y retrocesos, el Perú ha podido ir avanzando estas últimas décadas basándose en acuerdos institucionales mínimos. Que el Congreso aproveche una emergencia nacional para abandonarlos abruptamente dice mucho de lo que se puede esperar en los próximos meses.

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