Editorial: Extorsionadores y sicarios

Una práctica recurrente de muchos políticos cuando se ven enfrentados a críticas o denuncias en su contra es la de evitar responder a ellas y maquillar las evasivas con ataques al emisor de las acusaciones o al medio de comunicación que traslada los cuestionamientos. Una estrategia que no por reiterada se convierte en correcta ni mucho menos efectiva.

La congresista de Fuerza Popular (FP) Alejandra Aramayo ha sido la más reciente intérprete de esta maniobra escurridiza. Ello con ocasión de los reportajes periodísticos difundidos en el programa televisivo “Cuarto poder” y en el diario “La República”, que dan cuenta de una acusación penal en contra de la parlamentaria y su padre, Jorge Aramayo Cordero, por haber incurrido en actos de extorsión contra un ex funcionario público en Puno.

Según detallan las notas periodísticas sobre el caso, Julián Barra, ex director del Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT), denunció haber sido víctima de intentos de chantaje por parte de la hoy parlamentaria y su padre, quienes le habrían exigido el pago por inexistentes servicios publicitarios a cambio de no ser objeto de ataques en el programa “Acontecimientos”, en el que trabajaba la entonces reportera y presentadora, y que se transmitía en la filial de América TV en Puno, administrada por el señor Aramayo en aquella época. Apoyaba esa hipótesis la denuncia de otro ex funcionario puneño, Alfonzo Ureta Yapuchura, ex gerente departamental de Essalud, quien declaró a “La República” que padre e hija practicaron la misma modalidad de extorsión contra él. Este y otros testimonios, además, se han recogido en el libro “Los zarpazos del Gato” del periodista Carlos Chisan Orihuela, que detalla las presuntas tácticas de extorsión de Jorge y Alejandra Aramayo.

A raíz de la denuncia de Barra, fue sentenciado en enero del 2016 por el delito de cohecho propio su predecesor en el PELT, el señor Ariel Bermejo, al demostrarse que había efectuado pagos indebidos a los señores Aramayo, según detallan “Cuarto poder” y “La República”. El caso penal contra la actual congresista y su padre, no obstante, fue archivado por el transcurso del tiempo al declararse la prescripción tras 10 años de juicio.

En relación con estas denuncias, la integrante de FP no ha puesto tanto empeño por desvirtuarlas como sí lo ha hecho para atacar a los medios de prensa que las han recogido. Por un lado, la congresista Aramayo ha cuestionado que se traiga a colación la denuncia en su contra porque esta se habría producido hace ya varios años; y, por el otro, ha especulado sobre supuestas oscuras motivaciones detrás de los reportajes. “Porque me he vuelto importante… porque yo he tocado algunos grandes intereses y lamentablemente siempre hay empleados con vocación de servicio que quieren hacer una nota a favor de la patronal”, declaró la parlamentaria poniendo en entredicho los móviles de la atención periodística que ha merecido su caso, y añadió: “Yo creo que soy pasible, víctima de un sicariato periodístico”.

Lo que no parece considerar la congresista es que, aunque le resulte incómodo, su pasado también está sujeto al escrutinio público por la importante función que ejerce. Y, ciertamente, hay un interés periodístico por conocer cuál ha sido el desempeño de la legisladora en ese mismo oficio, y si este ha estado reñido con la ética y con la ley, como plantean las denuncias en su contra.

Más bien, resulta paradójico que quien, a través de una reciente iniciativa legislativa, pretende imponer estándares periodísticos y determinar quién puede y quién no realizar esta labor, sea la misma persona que para referirse al sector de la prensa que la cuestiona utilice expresiones como “100 columnas de infamia” o lo acuse de “sicariato periodístico”.

Por ello, habría que aconsejar a la parlamentaria que, en lugar de insistir en sus diatribas hacia la prensa, preste más dedicación al esclarecimiento de las severas denuncias que pesan sobre ella. Pues, a diferencia de lo que sucede en algunos procesos judiciales, a ojos de la opinión pública, el juicio respecto de las fibras morales de una persona no prescribe.