Editorial: Al fondo no hay sitio

“Toda sociedad, toda nación, será juzgada en base a cómo trata a sus miembros más vulnerables –el último, el más insignificante, el más pequeño–”, decía el cardenal norteamericano Roger Mahony a inicios de este siglo. La reflexión normalmente se usa para hacer referencia a las condiciones de vida de las personas pobres, niños, ancianos y discapacitados. Sin embargo, hay otro grupo de personas cuyo destino depende casi en su totalidad de la buena disposición de la sociedad: los reclusos. 

En el Perú, la demanda por mano dura ante la inseguridad ciudadana exige –comprensiblemente– condiciones carcelarias severas. Al margen del impacto real que ello pueda tener sobre la tasa de criminalidad, conviene mantener presente que la sanción penal consiste en la privación de la libertad individual, mas no en el maltrato o abuso. Con penales con una tasa general de sobrepoblación de 132% (más de dos internos en el lugar donde debería haber máximo uno), algunos centros penitenciarios con tasas sobre el 500%, y un alto porcentaje de reclusos que permanecen encerrados pese a no contar aún con condena firme, el cardenal Mahony tendría espacio suficiente para cuestionar nuestro tejido social.

La situación se hace especialmente embarazosa en vista de lo sucedido con el otrora penal San Jorge. Como se sabe, y pese al alarmante déficit de espacio, este no alberga ningún preso desde octubre del 2014, pues el terreno  se iba a vender por US$37 millones al Consorcio Promotor San Jorge, el cual planeaba construir un centro comercial en esa área, ubicada en el Cercado de Lima, y un penal más moderno fuera de Lima.

No obstante, en diciembre del año pasado, Pro Inversión “dejó sin efecto la adjudicación porque el consorcio no acreditó el cumplimiento de los requisitos para firmar el contrato”. A la fecha, no hay proyecto de venta. El otrora penal funciona como oficina administrativa, almacén y, aun más sorprendente, como set de televisión improvisado: el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Julio César Magán, confirmó que prestaron las instalaciones para grabar capítulos de la serie “Al fondo hay sitio”.

Este fracaso de gestión de los penales se suma a otros acometidos por la presente administración. Problemas con el contrato firmado con la empresa Prisontec, encargada de colocar bloqueadores de señal de telefonía celular e Internet en 33 penales del país, permiten que desde las cárceles se sigan coordinando extorsiones y secuestros con facilidad. Asimismo, la promesa del presidente Ollanta Humala sobre la construcción de cinco megapenales, de más de tres mil internos cada uno, sigue siendo solamente eso: una promesa. El INPE, el Ministerio de Justicia y Pro Inversión comparten cuotas de responsabilidad de estos fracasos. 

La gestión eficiente de los penales cumple objetivos tanto de protección ciudadana como humanitarios. Respecto de lo primero, los penales son el último y elemental eslabón en la cadena de seguridad ciudadana que comparten con la policía, la fiscalía y el Poder Judicial. Si las cárceles son escuelas del delito y centros de operación criminal, difícilmente cumplirán con su doble objetivo de rehabilitar al interno y mantener a raya a los malos elementos de la sociedad.

Respecto de lo segundo, la justificada aprensión de la ciudadanía hacia los acusados de crímenes violentos no debería cegarnos al maltrato que justos y pecadores sufren dentro de los penales. Los exorbitantes niveles de hacinamiento dejan claro que la rehabilitación y el trato humanitario no son una prioridad y que, realmente, al fondo no hay sitio.