Editorial: Hablemos de Bruno

Cuando se investigan potenciales crímenes, el proceso de indagación para llegar a la verdad no siempre es prístino. A veces –a cambio de obtener información valiosa– es necesario recoger testimonios y negociar castigos con personajes involucrados directa o indirectamente en la trama delictiva. Sin alguien que pueda aportar esa visión desde “adentro”, muchos casos de corrupción quedarían en la oscuridad, con la correspondiente impunidad para los principales responsables.

Precisamente por eso el Perú, como varios países del mundo, recoge la figura de la colaboración eficaz. Y es en ese mismo espíritu que ayer este Diario publicó una entrevista exclusiva con Karelim López. Ella, como se sabe, es colaboradora eficaz del Ministerio Público y viene siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos en el Caso Puente Tarata. Al mismo tiempo, López es una pieza potencialmente importante dentro de la historia que liga al presidente Pedro Castillo y a altos funcionarios de su administración con mafias de diversos sectores.

Sus palabras son explosivas (“si Bruno [Pacheco] habla, [el presidente Castillo] no estaría un día más en Palacio”, por ejemplo), pero deben ser tomadas con cautela. López ha reconocido su participación en delitos y puede tener incentivos para ocultar o tergiversar parte de la verdad dada su delicada situación frente a la justicia. Eso la convierte en una fuente problemática, pero de ninguna manera inválida, más aún si puede demostrar sus dichos, como dice que hará.

Hasta ahora, los acontecimientos de las últimas semanas parecen estar de su lado. Los sobrinos del presidente, Gian Marco Castillo Gómez (23 años) y Fray Vásquez Castillo (32 años), permanecen prófugos desde hace un mes. En la misma situación se encuentra el ex secretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco. ¿Tiene realmente este trío los recursos y la habilidad para evadir exitosamente a la justicia durante tanto tiempo? ¿O hay otras explicaciones para el fracaso de las actividades de inteligencia del Estado?

Es aquí cuando empiezan a cobrar mayor relevancia algunos controversiales nombramientos del Gobierno. El viceministro de Orden Interno, Martín Gonzales Sánchez, conocido como ‘Conejo’ en la policía, fue nombrado a mediados de abril, luego de haber liderado dos veces la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) durante esta administración. Entre otras manchas en su trayectoria, Gonzales estaba a cargo de la División de Búsqueda de la Digimin cuando fugó del país el exjuez supremo César Hinostroza, quien debía de estar bajo vigilancia. Vale la pena recordar también la presunta injerencia del Ejecutivo en los ascensos en la policía a través de su ex comandante general Javier Gallardo, en complicidad con Bruno Pacheco, según denunció el ex subcomandante general PNP Javier Bueno.

Es un escándalo mayúsculo y sin atenuantes que personas que formaron parte del círculo más íntimo del presidente de la República no solo hayan recibido órdenes de detención justificadas, sino que hayan logrado escapar de las diligencias y puedan permanecer prófugas. De no ser por el resto de los escándalos que estallan un día sí y al otro también durante esta administración, tan solo este debería tener potencia suficiente para poner al presidente contra las cuerdas. Según López, por supuesto, el mandatario estaría protegiendo a Pacheco para evitar que salga a la luz la información que este último tiene a disposición. Y cada día que este y sus sobrinos pasan en la clandestinidad, la versión de la colaboradora eficaz se hace más verosímil.