Desde que salió a la luz la investigación fiscal conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto en la segunda mitad del 2018, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) del Ministerio Público ha vivido bajo amenaza. Por supuesto, este riesgo nunca llegó a extinguirse del todo y si salió del radar de la ciudadanía fue solo porque resultó eclipsado por otros peligros mayores, como la llegada del COVID-19.
Ahora, sin embargo, hay que volver a retomar el tema porque, como reza un conocido adagio popular, lo que está mal siempre puede ponerse peor.
Pero antes, recordemos brevemente de qué se trata todo esto.
La JFS está constituida por cinco fiscales supremos. Tres de ellos, cuestionados por, entre otras cosas, haber apoyado a la presunta organización criminal investigada por su propia institución y conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto (integrada por personalidades como el exjuez –hoy fugitivo– César Hinostroza).
El primero de ellos es el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry. En setiembre pasado, el fiscal supremo Pablo Sánchez pidió que Chávarry fuera incluido en la investigación que él realiza contra Hinostroza y cuatro exconsejeros del hoy extinto CNM. Según Sánchez, Chávarry habría sido clave para que la red controlara el Ministerio Público y, con ello, las posibles investigaciones que podrían surgir contra esta. Por ello, sus miembros habrían asegurado su designación como fiscal de la Nación, ya sea organizándole reuniones con medios de prensa (para limpiar su imagen pública) o alterando sus notas en la evaluación del CNM que lo ratificó como fiscal supremo.
Además de Chávarry, Sánchez pidió que se incluyera en su investigación al fiscal supremo Raúl Rodríguez Monteza. Pues se presume que este les habría advertido a los miembros de la organización criminal y a sus allegados de la existencia de las escuchas telefónicas, y habría intentado hacer ‘control de daños’ aprovechando su condición de fiscal supremo de Control Interno.
El tercero es el magistrado Tomás Gálvez Villegas, investigado por Sánchez por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias agravado, cohecho activo específico y organización criminal (en una carpeta que incluye a Hinostroza), una pesquisa por la que está impedido de abandonar el país.
Los otros dos integrantes de la JFS son la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y el fiscal Pablo Sánchez, que fue apartado brevemente de las investigaciones contra sus colegas (por voto de ellos mismos) en octubre pasado –luego fue repuesto por Ávalos– y que la semana pasada fue denunciado ante el Congreso por su colega Tomás Gálvez, quien le imputó la comisión de ocho delitos y algunas infracciones constitucionales.
En las próximas semanas, sin embargo, el bloque de los magistrados cuestionados podría sumar a un cuarto miembro. Como reveló este Diario la semana pasada, este 12 de julio vence el mandato del fiscal supremo Luis Arce Córdova, que actualmente representa a la JFS en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En otras palabras, Arce volverá a la JFS y esta, a su vez, deberá elegir a su reemplazo en el órgano electoral.
Pero Arce no es un fiscal inocuo. Al igual que tres de sus colegas, está investigado en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. Registra, además, llamadas con Hinostroza y con otros miembros de la presunta organización, y ha sido denunciado por enriquecimiento ilícito.
Según fuentes de este Diario, dentro del Ministerio Público existe la preocupación de que el elegido para reemplazar a Arce sea Pablo Sánchez. Pues si ello ocurriese, el equilibrio de fuerzas en la JFS se terminaría decantando hacia el lado de los magistrados señalados (cuatro a uno) y la fiscal Ávalos se quedaría sola. La JFS podría, metafóricamente, quedar comprometida hasta el cuello.
Resulta difícil enumerar aquí todos los riesgos que esta nueva aritmética entrañaría, especialmente para la salvaguarda de procesos claves dentro del Ministerio Público. Es mucho lo que se juega el país con los próximos movimientos al interior de la JFS. No los perdamos de vista.